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El informe anual de Derechos Humanos enumera los graves problemas de Cuba y destaca el caso de 13 cubanos

La cifra de arrestos arbitrarios de corta duración fue menor que en 2017, aunque todavía hay en Cuba 120 presos políticos.

Arresto violento a las Damas de Blanco © Facebook/Observatorio Cubano de Derechos Humanos
Arresto violento a las Damas de Blanco Foto © Facebook/Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Este artículo es de hace 5 años

Human Rights Watch, organización vigilante del cumplimiento de los derechos humanos, lanzó este jueves su Informe Mundial 2019 en el que analizó, como cada año, las prácticas de derechos humanos en más de 100 países, entre ellos Cuba a la que señaló, como suele ocurrir, un amplio apartado de irregularidades en materia de derechos humanos.

En el caso de la Isla, el informe mencionó los casos de trece cubanos cuyos derechos fueron violados a lo largo del 2018 o están siendo violados todavía.

Ellos son: Iván Hernández Carrillo, José Daniel Ferrer, Arianna López Roque, Iris Mariño García, Roberto de Jesús Quiñones, Luis Manuel Otero Alcántara, Eduardo Cardet Concepción, Ariel Ruiz Urquiola, Dulce Amanda Durán, Roseling Peñalvar, Wendis Castillo, René Gómez Manzano y Alejandro Pupo Echemendía.

La parte del informe dedicada a la Isla aludió a detenciones arbitrarias y a los encarcelamientos de corta duración, a la existencia de presos políticos, a las malas condiciones en las cárceles, la falta de libertad de expresión, los derechos laborales, entre otros aspectos.

La cifra de arrestos arbitrarios de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor que en 2017. No obstante, hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018, pese a que el número supone una reducción del 45% en relación con los 3.706 casos informados en ese mismo período de 2017.

Muchos de esos arrestos fueron con el uso tácticas represivas como "golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos". Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durantes varias horas o incluso días.

A menudo se realizan, además, arrestos preventivos para evitar la participación en marchas pacíficas o en mítines políticos. La Policía casi nunca presenta órdenes judiciales para justificar el arresto de los opositores o activistas.

En materia de libertad de expresión, el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.

El Gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a varias páginas de internet dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana accede a internet, dado su elevado costo.

Los periodistas independientes suelen ser "víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y de detenciones arbitrarias".

En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que en Cuba hay 120 presos políticos, entre ellos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El Gobierno cubano no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a cárceles en el país. Muchos organismos consideran que podría haber más casos de presos políticos que no están documentados.

Los cubanos que critican al Gobierno son perseguidos penalmente en muchas ocasiones. "No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial", precisa el documento.

En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.

El Gobierno cubano restringe el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, y en reiteradas ocasiones las autoridades les han negado la salida a opositores.

A ello se suma que el gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba aplicando una ley de 1997, conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a opositores e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.

En lo que respecta a las prisiones, "están sobrepobladas y los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas".

"No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de la atención médica", precisa el informe.

En materia laboral, el "país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación y negociación colectiva".

Aunque en teoría "la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba".

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos.

A pesar de todo lo anterior y mucho más que el informe detalla, Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos y fue reelecta para el período 2017-2019.

EL CASO DE CUBA EN EL INFORME ANUAL "HUMAN RIGHTS WATCH" SE PUEDE LEER EN ESTE ENLACE

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