El gobierno de Estados Unidos elimina el derecho a fianza para migrantes que pidan asilo

Los solicitantes de asilo que pasen su entrevista de miedo creíble, ya no podrán salir con una fianza mientras avanza su proceso en los tribunales.

Oficial de Inmigración custodia el traslado de detenidos. Foto © Wikimedia

Este artículo es de hace 2 años

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la eliminación del derecho a libertad bajo fianza para los solicitantes de asilo detenidos.

Los solicitantes de asilo que pasen su entrevista de miedo creíble y que luego sean enviados a las cortes de inmigración para determinar su posible deportación o concesión de asilo, ya no podrán salir con una fianza, sino que deberán permanecer en los centros de detención hasta que su caso sea decidido.

La medida no afectará ni a los menores de edad no acompañados ni a las familias con niños. Tampoco afectará a los indocumentados que soliciten el asilo en los puertos de entrada.

La decisión fue anunciada por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien declaró que el Gobierno norteamericano ha decidido cancelar el beneficio que permitía a los solicitantes de asilo salir en libertad provisional mientras avanzaba sus procesos en los tribunales, porque está fundada en una decisión errónea por parte de un juez de inmigración.

En este sentido, ha precisado que sólo el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para permitir que un solicitante de asilo indocumentado salga bajo fianza.

El funcionario ha detallado que el nuevo protocolo entrará en vigor dentro de 90 días, con el fin de dar tiempo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para habilitar la cantidad de lugares requeridos para afrontar el creciente número de detenciones.

“Concluyo que estos extranjeros son inelegibles para la fianza, ya sea que lleguen a la frontera o sean aprehendidos en Estados Unidos”, afirma en el documento difundido.

Con la nueva medida, el Gobierno de Donald Trump da un paso más en el freno a la práctica del llamado “catch and release” (atrapar y liberar), que durante años había dejado en libertad a los indocumentados detenidos tras cruzar la frontera de forma irregular.

La medida da marcha atrás a la política de asilo instaurada en el año 2005, cuando un juez determinó que los solicitantes de asilo eran elegibles para salir bajo fianza si exhibían un miedo creíble a regresar a su país de origen.

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