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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este jueves la inminente deportación de un cubano de Miami con una serie de condenas por delitos violentos, incluidos intento de homicidio y agresión con agravantes.
La agencia presentó a Jorge Muñiz García como parte de la campaña federal “Lo peor de lo peor”, centrada en capturar y expulsar del país a inmigrantes con antecedentes penales peligrosos, que representan una amenaza para la seguridad pública.
En un post en la red social X, ICE detalló el amplio historial delictivo de Muñiz García que abarca, además, porte de arma oculta, allanamiento de morada, robo con violencia, hurto y conducta desordenada.
El cubano se encuentra en el centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades, en espera de ser expulsado, indicó la publicación.
Muñiz García podría ser deportado a un destino distinto a Cuba, si el gobierno de La Habana no lo admite de vuelta. El régimen de la isla se niega a recibir a nacionales que tienen antecedentes penales en EE.UU. o han permanecido fuera del país desde antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017, lo que ha llevado a la deportación de cubanos a terceras naciones, incluso algunas donde corren riesgo de tortura o muerte.
Según registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva, pero la renuencia del régimen a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.
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En los últimos meses, la administración Trump ha deportado a países de África, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini y Ruanda, a inmigrantes ilegales que han sido condenados por crímenes violentos, entre ellos, al menos cuatro cubanos. Otros ciudadanos de la isla han sido enviados a México.
Mientras, continúan realizándose vuelos de deportación desde EE.UU. a Cuba, con una frecuencia mensual, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países. Este jueves, fueron devueltas 232 personas, en la décima operación aérea de 2025, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder.
En total, desde el 23 de enero hasta este 6 de noviembre, 1,231 migrantes cubanos han sido deportados de EE.UU. a la isla por vía aérea.
En menos de 10 meses, la administración Trump ha devuelto a su país a más cubanos que el gobierno del presidente Joe Biden en casi dos años (978), desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE en abril de 2023. Ello constituye una clara señal del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos en el último año.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos con antecedentes penales desde EE.UU.
¿Por qué ICE deporta a cubanos con antecedentes penales a terceros países?
ICE deporta a cubanos con antecedentes penales a terceros países cuando el gobierno de Cuba se niega a recibirlos de vuelta. Esta práctica ha sido adoptada debido a la negativa del régimen cubano a aceptar a nacionales con antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de 2017, lo que obliga a las autoridades estadounidenses a encontrar alternativas para su deportación.
¿Qué es la campaña "Lo peor de lo peor" de ICE?
La campaña "Lo peor de lo peor" de ICE está enfocada en capturar y expulsar del país a inmigrantes con antecedentes penales peligrosos. Esta iniciativa se centra en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública, incluyendo a delincuentes violentos y otros considerados de alto riesgo por sus actividades criminales en Estados Unidos.
¿Qué dificultades enfrenta EE.UU. para deportar cubanos con antecedentes penales?
Una de las principales dificultades es la negativa del régimen de La Habana a aceptar de vuelta a ciudadanos con antecedentes penales. Además, la falta de acuerdos migratorios formales con algunos países complica la reubicación de estos individuos, lo que ha llevado a deportaciones a terceros países sin vínculos con los deportados, generando controversia y preocupaciones de derechos humanos.
¿Qué implicaciones legales han surgido por las deportaciones a terceros países?
Las deportaciones a terceros países han generado tensiones legales, con jueces federales cuestionando la legalidad de estas acciones. Casos recientes han llevado a dictámenes judiciales que exigen evaluar los riesgos que enfrentan los deportados en los países receptores, y algunos fallos han limitado parcialmente la aplicación de leyes utilizadas para justificar estas expulsiones.
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