El Reino Unido se ha sumado al grupo de países que han criticado la activación del Título III de la Ley Helms Burton, que entrará en vigor el 2 de mayo, y que permitirá demandas internacionales a los bienes que fueron expropiados en Cuba con la llegada de Fidel Castro al poder.
En un comunicado difundido por la Oficina de Relaciones Exteriores, Reino Unido ha expresado preocupación por los nuevos requerimientos de Estados Unidos para que empresas extranjeras se ciñan a sus sanciones contra Cuba.
"La aplicación extraterritorial (...) de sanciones, que consideramos ilegales bajo la ley internacional, amenaza con dañar a compañías europeas y británicas que hacen negocios legítimos en Cuba al exponerlas a responsabilidad ante las cortes estadounidenses”, indica el comunicado.
Pese a que Reino Unido se encuentra en pleno proceso de salida de la Unión Europea, el documento difundido añade que trabajarán junto a la UE “para proteger los intereses” de sus compañías en Cuba.
La Unión Europea señaló ayer que considerará "todas las opciones a su alcance" para proteger a las empresas europeas en Cuba, entre ellas la de prohibir la aplicación de sentencias de tribunales estadounidenses contra compañías comunitarias implantadas en la Isla.
A las protestas se han sumado también Canadá, España y México, y los tres países han declarado que protegerán a sus empresas en la Isla.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció ayer la activación, por primera vez en la historia, de una medida que permitirá endurecer el embargo económico a Cuba y reclamar ante cortes estadounidenses bienes expropiados por el Gobierno cubano.
La Unión Europea y los restantes países que han protestado ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, señalan que la aplicación de medidas unilaterales extraterritoriales a Cuba es contraria a la ley internacional.
Aseguran, además, que sus respectivas leyes admiten contrademandas a cualquier demanda estadounidense, de manera que la decisión de EE.UU. de permitir denuncias contra empresas extranjeras "solo puede llevar a una espiral innecesaria de acciones legales".
La UE ya demandó a EE.UU. ante la Organización Mundial de Comercio hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero retiró esa querella cuando la Casa Blanca accedió a dejar en suspenso ese capítulo del texto.
Desde entonces todos los presidentes estadounidenses mantuvieron la suspensión del Título III, hasta que Trump lo puso en duda este año en el marco del recrudecimiento de su política hacia Cuba.
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