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La Corte Suprema de Estados Unidos celebra este lunes una audiencia de alto impacto que podría redefinir el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton y, en función de su resultado, abrir el asunto de las reclamaciones por bienes confiscados por el régimen castrista tras 1959.
Los jueces escucharán los argumentos en dos litigios emblemáticos: Exxon Mobil vs. Corporación CIMEX y Havana Docks Corp. vs. Royal Caribbean Cruises Ltd., este último también contra Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises.
En ambos casos está en juego la interpretación de una disposición legal que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con propiedades nacionalizadas sin compensación en Cuba.
Aunque los casos presentan diferencias jurídicas, comparten una cuestión de fondo: hasta dónde quiso llegar el Congreso cuando aprobó en 1996 la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo y creó un mecanismo para reclamar indemnizaciones en tribunales federales.
Exxon contra el conglomerado militar cubano
En el caso de Exxon, la petrolera reclama más de 1,000 millones de dólares por activos confiscados en 1960, incluidos refinerías y terminales que hoy estarían vinculadas a CIMEX, empresa estatal integrada en GAESA, el entramado empresarial-militar bajo control de la cúpula del régimen cubano.
El debate central gira en torno a si CIMEX puede ampararse en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para evitar ser demandada en Estados Unidos. Un tribunal inferior falló en 2024 que las empresas estatales cubanas pueden invocar esa inmunidad.
Sin embargo, Exxon sostiene que el Título III fue diseñado precisamente para superar ese obstáculo y permitir que las víctimas de confiscaciones accedan a la justicia.
Si la Corte Suprema revoca esa interpretación, se eliminaría una de las principales barreras que han frenado durante años las reclamaciones contra entidades del Estado cubano.
Cruceros bajo la lupa
El segundo caso no involucra inmunidad soberana, ya que las demandadas son compañías privadas. Aquí la discusión se centra en si Havana Docks Corporation conserva un derecho válido sobre la concesión del puerto de La Habana, pese a que fue revocada tras la llegada de Fidel Castro al poder.
Entre 2016 y 2019, durante el deshielo promovido por la administración Obama, miles de turistas estadounidenses llegaron a Cuba en cruceros que utilizaron esa terminal.
En 2022, una jueza federal consideró que las navieras habían “traficado” con propiedad confiscada y las condenó a pagar 440 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 un tribunal de apelaciones anuló el fallo al entender que la concesión había expirado antes de las operaciones.
Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si el derecho a demandar depende de la vigencia formal de la concesión o del hecho de que la propiedad fue confiscada sin compensación. En este caso, la respuesta también podría tener consecuencias de enorme alcance.
Un precedente con efecto dominó
El Título III permaneció suspendido desde 1996 hasta 2019, cuando la administración Trump activó plenamente la disposición, argumentando que era una herramienta para aumentar la presión sobre el régimen cubano y penalizar a quienes se beneficiaran de bienes expropiados.
Desde entonces, se han presentado alrededor de 40 demandas, muchas de ellas avanzando lentamente debido a obstáculos procesales. Expertos legales han señalado que litigar bajo la Helms-Burton ha resultado costoso y complejo para los demandantes.
Sin embargo, si el Supremo opta por una interpretación amplia del Título III, el escenario podría cambiar drásticamente. Miles de reclamaciones certificadas por confiscaciones —que abarcan centrales azucareros, refinerías, fábricas, puertos y terrenos— podrían reactivarse con renovado impulso judicial.
Para las empresas internacionales, el mensaje sería claro: operar en Cuba, incluso años después de los hechos, puede acarrear responsabilidades millonarias en tribunales estadounidenses.
Para el régimen cubano, que enfrenta una crisis económica terminal, un fallo adverso podría aumentar la presión financiera y desalentar aún más la inversión extranjera.
Más allá de los detalles técnicos, la audiencia de hoy representa un punto de inflexión en la larga disputa por las propiedades confiscadas tras la revolución.
La decisión, que se espera en los próximos meses, no solo afectará a gigantes empresariales, sino que podría redefinir el alcance real de una de las herramientas legales más controvertidas de la política estadounidense hacia Cuba.
Si la Corte abre la puerta a una interpretación más amplia del Título III, el melón de las reclamaciones podría quedar definitivamente destapado.
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