Cruceros en la mira: Corte Suprema de EE.UU. podría abrir la puerta a demandas por negocios en Cuba

La próxima semana, el futuro de algunas de las mayores líneas de cruceros del mundo quedará en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que está en juego no es solo una disputa legal que se arrastra desde la Guerra Fría, sino millones de dólares, el alcance del embargo y el mensaje que Washington enviará a cualquier empresa que haga negocios con propiedades confiscadas en Cuba.

El lunes 23 de febrero, los jueces escucharán los argumentos del caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises Ltd., una demanda que podría redefinir el costo de operar en la isla. En el centro de la controversia está la Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, una instalación cuya concesión pertenecía a una compañía estadounidense antes de ser confiscada por el gobierno cubano en 1960.

Décadas después, cuando durante el deshielo impulsado por la administración Obama miles de turistas estadounidenses comenzaron a llegar a Cuba en cruceros, compañías como Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y MSC utilizaron ese puerto entre 2016 y 2019. Ahora enfrentan la acusación de haber “traficado” con una propiedad confiscada, en violación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Ese título permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a entidades que se beneficien de bienes expropiados por el régimen cubano tras 1959. Aunque la norma fue aprobada en 1996, permaneció suspendida por sucesivas administraciones hasta que en 2019 el entonces secretario de Estado activó plenamente el mecanismo, abriendo la puerta a demandas como la de Havana Docks.

En 2022, una jueza federal en Miami falló contra las líneas de cruceros y dictó sentencias que superaban los 100 millones de dólares. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito revocó esa decisión al considerar que la concesión original sobre el puerto había expirado en 2004, por lo que no habría existido un derecho vigente durante el período en que los cruceros operaron en La Habana.

Ahora la Corte Suprema deberá decidir si el derecho a demandar está vinculado al reclamo certificado por la confiscación o a la duración formal de la concesión original. La diferencia es crucial. Un fallo favorable a Havana Docks no solo reactivaría las millonarias reclamaciones contra las navieras, sino que podría abrir la puerta a miles de demandas similares.

El Departamento de Estado ha estimado que existen al menos 200,000 posibles reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba. Para el sector empresarial, el mensaje sería claro, pues hacer negocios en la isla puede convertirse en un riesgo financiero enorme, incluso años después.

La administración de Donald Trump ha mostrado una postura firme en el caso. El Procurador General D. John Sauer solicitó participar personalmente en los argumentos orales ante la Corte, petición que fue aceptada. La intervención directa del gobierno federal subraya la dimensión política y estratégica del litigio, que trasciende a las empresas involucradas.

Congresistas de ambos partidos, incluidos varios representantes de Florida, han defendido que el derecho a demandar es un pilar central de la política estadounidense hacia Cuba y una herramienta para presionar económicamente al régimen. Sostienen que permitir que empresas extranjeras o estadounidenses se beneficien de propiedades confiscadas debilita esa política.

Del otro lado, asociaciones de la industria de viajes advierten que un fallo adverso generaría incertidumbre jurídica y pondría en duda la validez de las orientaciones emitidas por el propio poder ejecutivo en materia de viajes legales a Cuba. Argumentan que el sector actuó siguiendo regulaciones federales vigentes en ese momento y que cambiar las reglas a posteriori afectaría gravemente a la industria turística estadounidense.

El caso no llega solo. Ese mismo día, los jueces también escucharán argumentos en otro litigio relacionado con la Ley Helms-Burton, esta vez vinculado a Exxon Mobil y a CUPET, empresa estatal cubana. Aunque distinto en su naturaleza, el proceso refuerza la idea de que el máximo tribunal se dispone a revisar el alcance real de una de las herramientas legales más controvertidas del embargo.

Para Cuba, el impacto económico podría sentirse más allá de los tribunales. Si la Corte amplía el alcance de las demandas bajo el Título III, cualquier empresa internacional interesada en invertir, operar o asociarse con entidades vinculadas a propiedades confiscadas tendría que reconsiderar sus riesgos. En un momento en que la isla enfrenta una profunda crisis económica, el resultado podría endurecer aún más el aislamiento financiero.

La decisión de la Corte Suprema no solo afectará a gigantes del turismo marítimo. También marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la responsabilidad de quienes hicieron negocios en Cuba durante el breve período en que los cruceros regresaron a La Habana. Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el fallo podría convertirse en otro capítulo determinante en la larga historia de tensiones económicas entre ambos países.