En una reciente entrevista en el programa Versiones Públicas de la televisión pública mexicana, la diplomática cubana Johana Tablada de la Torre evocó su etapa en Washington entre 1996 y 2000 y dejó una declaración que resulta reveladora.
Al referirse a la Ley Helms-Burton, afirmó: “Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Washington, en ese momento... Trabajamos ahí del 96 al 2000 como diplomáticos cubanos y yo recuerdo que atendía el Congreso... [e iba] corriendo con los mexicanos, los europeos, por los pasillos del Congreso de Estados Unidos, explicando por qué eso era inaceptable y realmente hubo un gran apoyo al cuestionamiento”.
En su relato, Tablada de la Torre dejó ver que, al menos desde 1996, comparte destino diplomático con su esposo, Eugenio Martínez Enríquez, con el que acudió al estudio de Canal Catorce, en calidad ambos de embajador y jefa de Misión en México.
Durante su estancia en Washington, ambos formaban parte de la misión cubana en Estados Unidos y, según el propio testimonio de la funcionaria, ella participó activamente en gestiones ante el Congreso durante el debate en torno a la Helms-Burton.
La Ley Helms-Burton fue promulgada el 12 de marzo de 1996, en medio de fuertes tensiones bilaterales tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Desde entonces, el régimen cubano la ha descrito como una legislación “colonial” y como prueba de la supuesta vocación intervencionista de Washington.
Sin embargo, el detalle llamativo en el propio testimonio de Tablada de la Torre fue mostrar a diplomáticos cubanos actuando con plena libertad dentro del sistema institucional estadounidense para intentar influir en ese debate legislativo.
Desde el punto de vista jurídico, lo que hizo no tiene nada de ilícito. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reconoce el derecho de los representantes extranjeros a defender los intereses de su Estado, comunicarse con autoridades del país receptor y exponer su posición política.
Reunirse con congresistas, recorrer el Capitolio y coordinar esfuerzos con diplomáticos europeos o mexicanos forma parte de la práctica diplomática habitual en cualquier capital abierta.
En Estados Unidos, ese tipo de gestión no es escándalo ni delito. Es diplomacia.
El problema no es que Tablada haya hecho lobby. El problema es el contraste que su propia declaración expone -en un desliz garrafal- cuando se observa la conducta del régimen cubano dentro de la isla.
La misma funcionaria que denuncia con frecuencia la “injerencia del imperio” y que apela al argumento de la soberanía frente a cualquier contacto de diplomáticos extranjeros con actores cubanos, reconoce sin reparos haber intentado influir en la legislación de otro país.
Cuando un diplomático cubano recorre los pasillos del Congreso para persuadir legisladores, se trata de defensa legítima de los intereses nacionales.
Cuando un diplomático estadounidense visita un barrio en La Habana, conversa con ciudadanos o se reúne con activistas independientes, el discurso oficial habla de subversión, provocación o agresión.
No se trata de un matiz retórico, sino de un doble estándar estructural.
En Cuba, ese tipo de contactos suele ser denunciado públicamente como “injerencia” y, en múltiples ocasiones, ha estado acompañado de vigilancia por parte de la Seguridad del Estado, campañas mediáticas de descrédito e incluso actos de repudio contra opositores o personas que interactúan con representantes extranjeros.
El margen de acción diplomática fuera de los canales estrictamente gubernamentales es considerablemente más estrecho que el que los diplomáticos cubanos -al amparo de la misma legislación internacional que invocan constantemente- gozan en el exterior. En ese sentido, el acoso de la Seguridad del Estado a Mike Hammer constituye un claro ejemplo del accionar del régimen cubano.
Mientras Tablada de la Torre podía “correr por los pasillos del Congreso” en un sistema político plural y abierto, en Cuba no existe un espacio legislativo comparable donde actores diversos puedan ejercer presión pública ni un entorno donde el contacto político independiente esté normalizado.
El sistema político cubano no admite pluralismo partidista ni competencia institucional real. La interacción política fuera del control estatal es vista como amenaza, no como parte del juego democrático.
Tablada de la Torre no actuó fuera de la ley, pero este domingo dejó flotando en el aire una pregunta incómoda: ¿Por qué el régimen cubano no concede en su propio territorio el mismo margen de acción diplomática que ejercen sus representantes en el extranjero?
Si influir es diplomacia cuando lo hace Cuba, pero es injerencia cuando lo hacen otros, la coherencia del discurso oficial del régimen queda seriamente comprometida.
La entrevista que pretendía denunciar la Helms-Burton como símbolo de intervención externa terminó dejando al descubierto una contradicción profunda: el régimen exige para sus diplomáticos en el exterior libertades políticas que niega dentro de sus propias fronteras.
A fecha de hoy, ese contraste no es una interpretación ideológica. Es un hecho que surgió de las propias palabras de una las representantes con más peso político y visibilidad dentro del régimen totalitario cubano.
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