Emprendedores cubanos piden al gobierno una alianza público-privada para cofinanciar el gasto público frente a la crisis, un debate público para reformar la ley tributaria y ofrecen cooperar en la capacitación de gobernantes municipales, aportando su dinamismo empresarial, según el último boletín de Incuba Empresas (IC).
La COVID-19 afecta a la administración pública en Cuba, y las autoridades pueden encontrar, en el sector privado y las cooperativas, recursos para el financiamiento del gasto público en medio de la crisis financiera, sostiene Incuba Empresas, un vivero económico vinculado a la Iglesia Católica.
Ángel Rodríguez Pita, coordinador de IC, dijo este lunes a CiberCuba que "la crisis actual abre oportunidades a la cooperación entre el estado y los cuentapropistas en pro del desarrollo sostenible".
Cuba necesita "un debate público sobre la reforma de la ley tributaria que alivie las cargas de los pequeños empresarios y esos recursos puedan ser invertidos en la mejora de sus negocios y creación de nuevos puestos de trabajo, cuando Cuba más lo necesita", añadió el economista Rodríguez Pita.
La alianza público-privada transita por la necesaria capacitación de los gobiernos municipales y el respeto a su autonomía, como contempla la ley, recuerda IC.
Hasta la fecha, el impacto del coronavirus en la economía cubana destruyó más de 136 mil empleos privados, y muchos no tendrán opciones de recuperarse, y la economía estatal no podrá absorberlos a todo.
Recientemente, el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz pidió, por carta, al Club de París el aplazamiento del pago de la deuda de Cuba hasta 2022, que son 80 millones de dólares norteamericanos anuales más los intereses que genere la mora.
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