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Denuncia al Gobierno de Cuba ante la ONU por violación de 11 derechos humanos

El abogado cubano Leonid Pérez García acusa al Ejecutivo de Díaz-Canel de separarlo injustamente de su trabajo en la Empresa de Servicios Médicos de Santiago y de ser detenido arbitrariamente por denunciar un supuesto caso de corrupción.


Este artículo es de hace 3 años

El abogado santiaguero Leonid Pérez García ha denunciado al Gobierno de Cuba, a varias de instituciones cubanas y funcionarios de la Isla ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por vulnerarle 11 derechos humanos de los 30 incluidos en la Declaración Universal.

Cuatro meses después de haber interpuesto la queja, al considerarse víctima de un complot administrativo, policial, fiscal y judicial en Cuba, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aún no le ha contestado.

Pérez García asegura que el Ejecutivo de Díaz-Canel lo separó "injustamente" de su puesto de letrado en la Empresa de Servicios Médicos de Santiago de Cuba por denunciar casos de corrupción. Lejos de investigar lo que estaba ocurriendo, las autoridades cubanas lo expulsaron de su puesto de trabajo.

Fue entonces cuando Pérez García denunció a su empresa por el delito de imposición de medidas en venganza y represalia, contemplado en el artículo 297.2 del Código Penal cubano.

Sus jefes contraatacaron acusándolo de falsificación de documentos y él fue detenido "ilegal y arbitrariamente" y juzgado sin garantías procesales, se queja.

"Los poderosos corruptos tienen amistades en todos los lugares. En el MININT también", dice a CiberCuba.

Sin embargo, no pudieron evitar que el Laboratorio del Departamento de Criminalística del proprio Ministerio del Interior (MININT) descartara que él hubiera falsificado documento alguno.

Pérez García fue acusado de falsificación de documento público, pero él se defiende, diciendo que no hubo tal falsificación y que, en todo caso, hablan de un contrato privado.

Finalmente fue absuelto por el Tribunal, pero él no está conforme porque, según dice, no hubo juicio oral ni garantías procesales ni constitucionales. La absolución se sustenta en una indulgencia judicial por el artículo 8.2 del Código Penal cubano, que reconoce la existencia del delito, pero por la escasa entidad de sus consecuencias y por su buena trayectoria lo exculpan de responsabilidad.

Pero eso no les deja tranquilo porque asegura que no cometió delito alguno y que el proceso estuvo amañado y parcializado, sin que le admitieran sus pruebas ni el derecho a defenderse ni a recurrir la decisión judicial, que considera nula ya que no tuvo en cuenta el dictamen pericial de Criminalística, que reconoce que no hubo falsificación del documento.

La historia se repite

Poco después Pérez García consiguió un nuevo trabajo en la empresa DINVAI Construcciones S.A, pero perdió su empleo como abogado. "Fueron a mi trabajo y movieron sus hilos y el director de esa empresa me dijo que la Seguridad del Estado le había dicho que yo no podía seguir ahí y me cerraron el contrato", relata a CiberCuba.

Él respondió a esta segunda separación de su puesto de trabajo, demandando al director de la empresa por coacción, pero el MININT no reconoció el delito y archivó la denuncia No. 15067/19, pese a que la Fiscalía provincial veía indicios de delito.

"Además de eso empezaron a hacer otras campañas porque yo era el presidente de la Delegación de Base de la Unión de Juristas de Consultoría Jurídica Internacional y me quitaron sin previo aviso. No se han metido todavía, parece que no lo han descubierto, con mi cargo de vicepresidente a nivel provincial de la Sociedad Científica de Derecho Laboral de la Unión de Juristas de Cuba, en Santiago".

"Yo acusé a los corruptos de quince delitos hace ya dos años (expediente de Fase Preparatoria 63/19) y aún no los han procesado. Por eso envié una queja a la ONU por violación de 11 derechos en mi contra, de 30 que existen".

"Increíblemente, las autoridades de la Fiscalía y del MININT no los han llevado a juicio ante el Tribunal, propiciando que gocen de la impunidad que les garantiza el sistema cubano", señaló.

Pérez García está convencido de que tanto el Tribunal como la Fiscalía de Santiago de Cuba se han sumado a lo que él llama "complot administrativo y policial del MININT".

"Sé que mi caso suena raro y parece de un libro de ciencia ficción o de horror pero es la pura verdad. Es más complicado de lo que nadie puede imaginar. Como consecuencia de todo esto llevo cerca de 2 años sin trabajar, aún siendo un excelente jurista durante 20 años, lo que me impide llevar el sustento a su familia, dentro de los cuales destacan tres hijos menores de edad".

"Estoy seguro de que a partir de esta publicación será más dura la vida para mí en Cuba, pero ya no les temo y no me declaro abiertamente opositor porque es lo que ellos quieren para después decir que todo lo hice por esto y no es así, solo cumplí con mi trabajo. Y ellos son expertos tergiversando. Dios me proteja a mí y a mi familia de más brutales arremetidas gubernamentales".

Su experiencia le impide explicarse cómo es posible que Cuba haya conseguido el 88% de apoyos para entrar como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cuba está en la lista de países elaborada por la ONG UN Watch, encargada de monitorear el desempeño de Naciones Unidas, que no cumplen con los estándares democráticos que deberían exigirse a los miembros electos del Consejo General de la ONU. Le acompañan en esa lista Arabia Saudí, Pakistán, China y Rusia.

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Tania Costa

(La Habana, 1973) vive en España. Ha dirigido el periódico español El Faro de Melilla y FaroTV Melilla. Fue jefa de la edición murciana de 20 minutos y asesora de Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno de Murcia (España)


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