Cubano se enfrenta a la policía por multarlo por ir sin nasobuco Foto © Facebook Ramil Ramirez (captura de imagen de vídeo)

Campesino cubano se enfrenta a policías por una multa que asegura es injusta

Un campesino del municipio Manatí, en la provincia Las Tunas, se enfrentó a la policía de tránsito, en una carretera cubana, tras ser multado por no llevar bien puesto el nasobuco.

"¿Pero, cuál es el problema que hay?" pregunta el cubano Ramil Ramírez Ríos, a lo que el oficial de la policía responde mientras llena los datos de la multa: "el nasobuco".

Indignado Ramírez le responde: "Porque te da la gana de decir eso. Aquí no había ningún nasobuco quitao", aseguró el campesino. 

El agente de la policía sostiene que el ciudadano no llevaba la mascarilla puesta por lo que procedió a multarlo. Estas sanciones suelen ser de 2 mil pesos cubanos.

Al considerar que la multa era injusta Ramírez entró en una controversia con los dos policías de la motorizada, en medio de la carretera. Uno de los agentes al advertir que la discusión estaba siendo filmada exigió que se cortara la grabación pero el presunto infractor pudo mantener el vídeo unos segundo más.

En la transmisión se observa como Ramírez y sus compañeros se disponen a continuar la discusión con los agentes de la motorizada en la unidad policial de Manatí.

Entre los comentarios a la publicación de Ramírez en Facebook una persona se cuestionó hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas en Cuba. "Ese caballito está acabando en Manatí, metiendo multas. Tan descarados que ni dinero hay para comprar comida. Son unos sinvergüenzas, un pueblo que está a rastro. ¿Hasta cuándo con ese abuso?", dijo.

Desde que empezó la crisis del coronavirus las multas se han convertido en una de las herramientas del Estado para reprimir a la población y recaudar millones de pesos. Estas costosas sanciones afectan a la ciudadanía, que no tiene recursos para pagarlas.

A finales de marzo se reportó el suicidio de un joven cubano tras recibir una multa de 5 mil pesos por estar vendiendo plátanos en el municipio Mayarí, sin tener licencia comercial.

Se trata de un hombre de 25 años de edad, Jorge Cachón Martínez, que se suicidó por ahorcamiento, cuando se vio sin opciones para salir adelante, sin futuro, sin mercancía porque le fue decomisada y con una sanción de miles de pesos, en medio del hambre y la dura crisis que vive el país.

Los oficiales de la policía en Cuba han llegado incluso a multar con dos mil pesos a una persona por decir que tiene hambre. Es el caso del anciano Ángel Granado Santiesteban, residente en el municipio Melena del Sur, provincia Mayabeque.

En un patio en que estaba trabajando para ganarse algo de dinero, cansado de la situación gritó "Tengo hambre, no hay nada qué comer, debí haber muerto". De acuerdo con el testimonio de otro ciudadano, alguien escuchó al anciano y llamó a la policía política, que llegó "más rápido que una ambulancia" y le aplicó una sanción de 2 mil pesos.

También a finales de marzo se dio una protesta de varios pobladores de Baracoa, provincia de Guantánamo, por las fuertes sanciones que les impusieron —una multa y una carta de advertencia, además de decomisos— por buscar oro en las minas del territorio.

Calificaron de extremistas las medidas contra ellos, aunque admitieron la ilegalidad de sus actos. En esta ocasión lo más relevante fue el discurso de un funcionario para aplacar la protesta. Argumentó que los artistas que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el 27 de enero hoy se encontraban “marcados” por el gobierno.

“Hay que medir la magnitud porque esto puede complicarse. Hay quien se aprovecha de cualquier situación de estas y le da entonces otra magnitud y lo que pudo resolverse como una diferencia interna pasa a ser contrarrevolución”, dijo el funcionario mientras los afectados le escuchaban.

Ejercer la minería ilegal, vender plátanos en una calle, gritar que se tiene hambre o llevar un nasobuco mal colocado, cualquier cosa vale para ser multado en Cuba. El cómo se pagan esas sanciones no parece ser preocupación del Estado, que aumenta sus acciones represivas y desatiende los efectos de la crisis económica en los bolsillos de la gente.

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