El Estado reconoció que -hasta este viernes- 59 cubanos están siendo enjuiciados por la rebelión del 11J, pero ocultó el número total de detenidos y otros detalles, en una conferencia de prensa de la Fiscal General Yamila Peña Ojeda, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro y la presidenta de Bufetes Colectivos, Lilian María Hernández Doejo.
Hasta este viernes, los tribunales han abierto 19 procesos judiciales, que involucran a 59 cubanos, acusadas de cometer presuntos delitos, aseguró Remigio Ferro; sin mayores precisiones; y sin informar sobre el número total de detenidos, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifró en 757, incluidos trece menores de edad.
La Fiscal General contradijo públicamente a Bruno Rodríguez, al reconocer que están "evaluando" la situación penal de algunos menores, circunstancia negada por el canciller, en una rueda de prensa celebrada un día antes.
En Cuba existe cierto desorden legal y civil en el tema de la mayoría de edad porque, penalmente, un cubano es responsable de sus actos punitivos a partir de los 16 años, pero la mayoría de edad civil se alcanza a los 18 años; para ser llamado al Servicio Militar Obligatorio basta tener 15 años; para trabajar debe tener al menos 17 años.
Un cubano de 16 años puede ser sancionado e ir a la cárcel, pero debe contar con autorización de sus padres para casarse, tampoco puede trabajar legalmente y puede ir al ejército con 15 años, pese a no ser responsable penalmente.
“No solo lo que digan los acusados será tenido en cuenta, los órganos de investigación criminal somos los responsables de demostrar”, advirtió la Fiscal General, que aseguró ya se ha interrogado a "un importante grupo" de cubanos que protestaron el 11 J, de los que algunos permanecen en prisión provisional, otros en reclusión domiciliaria, a la espera de ser juzgados y otros fueron liberados sin cargos, pero en ninguno de los tres supuestos ofreció cifras.
Ha habido hechos de "extrema gravedad" contra personas, contra autoridades, contra bienes, no solo estatales, sino también personales y son los que las autoridades están investigando, y juzgando a cubanos detenidos y otros que no lo fueron, aclaró el titular del Tribunal Supremo, que negó la conculcación de derechos a los encartados y reiteró la negativa oficial sobre una subordinación del aparato judicial al gobierno y el partido comunista.
"Los jueces cubanos solo deben obediencia a la ley; están circulando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar, cuestionar la legitimidad y transparencia con que los tribunales cubanos están procesando y juzgando los hechos", lamentó Remigio Ferro.
Pero juristas cubanos consultados por CiberCuba recordaron al presidente del Tribunal Supremo y a la Fiscal General que, "en 1989 se condenaron a muerte a cuatro cubanos por el delito de Actos Hostiles contra un Estado Extranjero, sin que el país afectado denunciara o manifestara sentirse hostilizado o amenazado, pero el gobierno impuso ese tipo penal porque incluía la sanción de pena máxima, no prevista para el delito de tráfico internacional de drogas".
"En la Causa 1 (1989) el delito calificable era tráfico mundial de estupefacientes, pero la legislación cubana no contemplaba la Pena de muerte para esos hechos; y el gobierno impuso a la justicia, el tipo de Actos hostiles contra estado extranjeros, sancionados con la máxima pena", concluyeron.
El gobierno ordenó una moratoria en la aplicación de la Pena de muerte, en 2000, a petición de Naciones Unidas, pero tres años más tarde la rompió, condenando a la pena máxima a tres cubanos que intentaron secuestrar una embarcación para huir a Estados Unidos, sin provocar muertos.
El nuevo Código Penal sigue contemplando la Pena de muerte, y las autoridades han reiterado que seguirá en suspenso, pero no la eliminará de su ordenamiento jurídico.
Este fin de semana, el gobierno cubano ha ido liberando a algunos detenidos por participar en la rebelión del 11J, como los casos de la bióloga Ceimara Carcassés y los religiosos matanceros Sierra y Blanco.
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