La familia del preso político Andy García Lorenzo continúa en la mirilla de la Seguridad del Estado por su activismo a favor de la liberación de los presos políticos y por su desafiante valentía ante los represores del régimen cubano.
“Continúa el acoso contra nuestra familia, esta vez es el Ministerio de Planificación Física con una multa de 1,000 pesos”, denunció Pedro López, suegro de Roxana, la hermana de García Lorenzo.
En una publicación de Facebook de este martes, López explicó que la multa fue impuesta porque la barbería de su hijo Jonatan López es una construcción que no ha sido legalizada ante el correspondiente organismo.
No obstante, López defendió el negocio de su hijo con dos argumentos: “es su trabajo, por el cual paga impuestos mensualmente al Estado”, dijo en primer lugar. Además, la barbería “está en un lugar donde no es la única, ni mucho menos”.
Este segundo argumento indicaría un trato discriminatorio de las autoridades hacia miembros de una familia que ha manifestado públicamente su oposición a la dictadura, tanto en las históricas protestas del 11J, como en los días posteriores a la detención de Andy.
No sería el primer caso de un emprendedor o cuentapropista cubano que resulta sancionado y acosado por las autoridades en razón de su disenso u oposición al régimen. Precisamente, conociendo el proceder de la dictadura, la empresaria y activista Saily González tomó la decisión de cerrar su restaurante en octubre pasado, previendo el acoso que sufriría por ser moderadora de la plataforma Archipiélago y convocante a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.
“Continuaremos denunciando en las redes, como es nuestro derecho. Además usaremos el sistema de injusticia cubano para demostrar al mundo que es precisamente eso, y además denunciaremos todo este acoso contra nuestra digna familia”, expresó López en su post de denuncia.
Además, reivindicó que su familia “ha estado al lado de la ciudad en los momentos más duros”, haciendo referencia a su emprendimiento de crear válvulas de distribución de oxígeno para paliar la crisis que se produjo en los hospitales cubanos en el pico más duro de coronavirus.
“Hoy la ciudad nos premia de esta manera”, lamentó el emprendedor, reiterando que la familia no piensa callarse ante las injusticias y reclamando libertad para Andy García y para todos los presos políticos.
La familia de Andy García Lorenzo recibió más de 10,500 pesos en multas tras ser detenidos el viernes cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara para apoyar al joven -a quien la fiscalía solicita 7 años de prisión- en medio del juicio que le realizan junto a otras 15 personas, por su participación en las protestas del 11J.
Roxana García Lorenzo, joven activista de apenas veinte años de edad, y su esposo Jonatan López Alonso recibieron, junto a Pedro López, una multa de 3,000 pesos cada uno en virtud de la llamada Ley Azote, o Decreto-Ley 370, que permite al gobierno castigar a los ciudadanos que denuncian violaciones de derechos humanos en sus redes sociales y cuestionan al régimen.
Pedro Osvaldo López es un emprendedor cubano que administra un taller de reparaciones. Su nombre alcanzó relevancia en Villa Clara durante la pandemia de COVID-19, porque la familia se dedicó a crear válvulas de distribución de oxígeno para paliar la crisis de este medicamento en los hospitales.
El cuentapropista produjo decenas de válvulas para la distribución de oxígeno a pacientes de COVID-19, sin cobrar un solo peso por ello, según declaró a esta redacción. "Toda esta labor nosotros la realizamos para todo el que lo necesite las 24 horas del día, y la hemos llevado a cualquier lugar de la provincia incluso a las 3:00 de la madrugada", afirmó.
Hospitales de Placetas, de Camagüey, de Guanes, de Remedios, de Sagua, y en todos los hospitales de la provincia Las Villas llegaron a instalarse las válvulas diseñadas por este cubano que salió a exigir la liberación de Andy y todos los presos políticos en el marco de la convocatoria del 15N, y que por su valentía y dignidad fue blanco de un acto de repudio ante su vivienda y de un operativo de vigilancia montado por los represores del régimen totalitario cubano.
Como parte de esta estrategia de acoso y derribo, los familiares de García Lorenzo han denunciado las amenazas recibidas para impedir que prosigan con la iniciativa "Ayuda a los valientes del 11J", la cual permite recaudar fondos para enviar alimentos a los presos políticos de Villa Clara y entregar ayuda a otras familias con miembros en las cárceles por motivos de conciencia.
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