La madre cubana Bárbara Farrat Guillén fue citada para comparecer como testigo de la fiscalía contra su hijo y manifestante del 11J, Jonathan Torres, en el juicio que tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre próximos.
La citación por escrito, emitida por el Tribunal Popular del municipio capitalino 10 de Octubre, la recibió el miércoles último mientras otros familiares de manifestantes del 11J se encontraban bajo cerco policial o detenidos para evitar que asistieran a un encuentro organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Minutos más tarde, la madre recibió una llamada del Tribunal en la que fue instruida a presentarse a juicio con su hijo quien enfrenta una petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado, dijo Farrat a CiberCuba.
“No me esperaba algo así. Ellos se están pasando. ¿A quién se le ocurre que yo voy a declarar en contra de mi hijo?”, cuestionó la madre.
Legalmente, la madre puede negarse a declarar contra su hijo, de acuerdo con el criterio experto del abogado de Cubalex, Alain Espinosa, y “tiene que ser instruida del derecho que le asiste de abstenerse de declarar”, amparado en el artículo 255 apartado 2 de la Ley del Proceso Penal, por grado de consanguineidad y afinidad con el acusado, dijo el letrado a este sitio de noticias.
Sin embargo, la madre fue manipulada por los instructores penales al inicio de la investigación para que reconociera a Jonathan en videos de las manifestaciones en La Habana y le hicieron firmar declaración bajo engaño, de ahí que el Tribunal la cite ahora como testigo de fiscalía, explica.
“Este incumplimiento determina la nulidad absoluta de dichas actuaciones por haber sido ejecutadas vulnerando el derecho y las garantías relativas al debido proceso, tal y como se establece en el artículo 59 del propio texto legal”, agrega Espinosa.
Lo procedente es que el abogado del joven haya solicitado la nulidad del reconocimiento que hiciera Farrat de su hijo ante la policía, pero se desconoce si se ha realizado este trámite.
“Si bien no hemos tenido acceso a sus conclusiones provisionales ni al resto de las acciones realizadas por el abogado, preocupa que le hayan efectuado dicha citación”, señaló Espinosa y alerto sobre la posibilidad de que, sin nulidad, la Fiscalía eche mano a las declaraciones iniciales de la madre.
“Por tanto, se corre el riesgo de que el tribunal, como ya es costumbre, en franco incumplimiento de los principios que rigen la función judicial, utilice estas pruebas para formar convicción y sancionar a Jonathan”, remarcó.
Torres es uno de los 59 menores detenidos por las protestas de julio 2021, según el subregistro del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias Justicia 11J. Su arresto ocurrió un mes después de las manifestaciones el 13 de agosto, bajo la excusa de una entrevista de la que solo saldría nueve meses después.
Durante ese tiempo, su expediente ‘se extravió’ y la petición fiscal solo fue dada a conocer en marzo de este año.
El joven fue excarcelado bajo fianza el 25 de mayo pasado, tras complicaciones por una hepatitis que adquiriera en la prisión Jóvenes de Occidente.
En los nueve meses de presidio político, su madre, Bárbara Farrat ha sido víctima de arrestos arbitrarios, interrogatorios y coacción por parte de las fuerzas represivas por exigir la liberación de su hijo y de todos los presos políticos.
“Este juicio sucederá 8 meses después de que fuera notificada la petición fiscal, correspondiente al EFP 833, en el que 15 manifestantes son acusados por la Fiscal Vivian Pérez Pérez de cometer delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir”, dijo en un comunicado Justicia 11J, que también denunció “la falta de instrucción y la desprotección legal de que es víctima Bárbara Farrat, quien debió ser informada sobre su derecho a no testificar contra su hijo”.
La organización por los derechos humanos resaltó la situación de dos de los que serán enjuiciados en el mismo proceso, el joven de 18 años Andro Ledesma Prieto, quien padece de problemas de aprendizaje y psicológicos, y Omar Bravo Cruzata, cuya hermana, Yesenia Díaz, estuvo entre los familiares detenidos e impedidos de asistir al encuentro con funcionarios estadounidenses.
Asimismo, Justicia 11J hizo un llamado a los medios de prensa extranjeros acreditados en Cuba para que “den seguimiento al curso de este juicio. También, a organizaciones y funcionarios dedicados a velar por los derechos de la infancia, y de los menores en conflicto con la ley”.
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