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Los fiscales generales de 18 estados interpusieron este martes una demanda para detener la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una política que permite a niños nacidos en el país ser ciudadanos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
En la noche del lunes, pocas horas después de asumir como el presidente número 47 de EE.UU., Trump firmó una orden ejecutiva para derogar esta política, incluida en la 14.ª Enmienda de la Constitución y vigente desde hace décadas, dando cumplimiento a una intención anticipada en su campaña por la reelección, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP.
La medida rubricada por el mandatario cuestiona que la Enmienda 14 extienda la ciudadanía de forma automática a toda persona que nazca en Estados Unidos.
Los estados de Nueva Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, además del Distrito de Columbia y San Francisco, presentaron la demanda ante un tribunal federal para bloquear la orden presidencial.
El documento pide al tribunal que la declare inconstitucional.
La ciudadanía por derecho de nacimiento garantiza que cualquier persona nacida en EE.UU. es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores.
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La 14ª Enmienda, surgida después de la Guerra Civil y ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
En virtud de esta normativa, por ejemplo, las personas que están en el país con una visa de turista o de otro tipo o permanecen ilegalmente pueden convertirse en padres de un ciudadano si su bebé nace en EE.UU., explicó AP.
Trump, su gabinete y aliados han puesto en duda la interpretación de la enmienda constitucional y consideran que es necesario establecer normas más estrictas para hacerse ciudadano.
La Casa Blanca no ha explicado cómo se implementará la orden ejecutiva, que previsiblemente enfrentará fuertes desafíos legales.
Después que el presidente firmara la orden, los capítulos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en New Hampshire, Maine y Massachusetts, y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda para detenerla, en el tribunal federal de New Hampshire.
La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de sectores conservadores en Estados Unidos. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump amenazó con tomar una medida similar, pero no llegó a concretarla.
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