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Tras afirmar que Nicolás Maduro mentía sobre la aceptación de las deportaciones, el gobierno de Estados Unidos reanudó el envío de venezolanos a la base naval de Guantánamo, alegando que están presuntamente relacionados con la pandilla criminal Tren de Aragua.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la operación y defendió la medida como parte de sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional, citó el canal Univisión.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró el viernes que "ayer, DHS envió una vez más a peligrosos miembros de pandillas y extranjeros ilegales fuera de suelo estadounidense, a la bahía de Guantánamo".
Sin embargo, no precisó cuántas personas fueron trasladadas.
De acuerdo con un informe de The New York Times, aproximadamente 20 individuos fueron enviados en un vuelo charter desde El Paso, Texas, hacia la base naval.
Este traslado se produce después de que el centro de detención en Guantánamo fuera vaciado a mediados de mes, cuando 40 migrantes fueron reubicados en un centro de detención en Luisiana. No obstante, las autoridades estadounidenses ya habían señalado que no descartaban nuevos envíos de inmigrantes a esa porción del oriente de Cuba.
El gobierno de EE.UU. ha catalogado a estos migrantes como miembros de una organización criminal, pero hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes sobre la presencia consolidada del Tren de Aragua en territorio estadounidense.
Abogados defensores han denunciado que muchos de los inmigrantes han sido fichados sin evidencias sólidas, basándose únicamente en interrogatorios sobre sus tatuajes, los cuales han sido utilizados en audiencias migratorias para clasificarlos como una amenaza para la seguridad nacional.
Algunas de las marcas que los funcionarios han identificado como parte de la simbología del Tren de Aragua incluyen tatuajes de coronas, frases como "real hasta la muerte", flores y la silueta de Michael Jordan.
No obstante, exfuncionarios de inteligencia venezolanos han asegurado que la pandilla no tenía un sistema establecido de tatuajes mientras operaba en su país de origen.
La administración estadounidense ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 para justificar estos traslados, argumentando que la presencia del Tren de Aragua en EE.UU. constituye una invasión criminal.
Esta ley otorga amplios poderes al gobierno para deportar extranjeros sin la necesidad de un proceso judicial migratorio convencional.
Como parte de esta estrategia, más de 200 venezolanos han sido enviados al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad construida para pandilleros de la MS-13 y Barrio 18.
Sin embargo, esta aplicación ha generado controversia. El juez federal James Boasberg ordenó suspender las deportaciones bajo este marco legal y devolver a los migrantes a EE.UU., aunque la administración ha cuestionado la validez de la orden judicial y tiene hasta el próximo martes para justificar su proceder ante la corte.
El Centro Brennan para la Justicia ha calificado el uso de esta ley como un abuso de poder sin precedentes, señalando que "las detenciones sumarias y las deportaciones bajo esta ley contradicen la comprensión contemporánea de la igualdad en las protecciones y el debido proceso".
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado la deportación de venezolanos a El Salvador como un "secuestro" y ha anunciado la contratación de abogados para gestionar el regreso de los migrantes a su país.
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que de todos los deportados solo 18 tenían antecedentes penales en Venezuela, desmintiendo que entre ellos haya miembros del Tren de Aragua.
Por su parte, Washington acusa a Caracas de mentir sobre la admisión de deportados, y el Secretario de Estado Marco Rubio aseveró que la nación suramericana debe recibir a sus ciudadanos y que no se trata de un asunto en discusión.
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