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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral, y evitar la participación de extranjeros en los comicios federales.
La orden, titulada "Preservando y Protegiendo la Integridad de las Elecciones Americanas", exige a los estados que requieran pruebas documentales de ciudadanía a cada persona que se registre para votar, y mantener las listas de votantes precisas y actualizadas, eliminando registros inválidos o duplicados para prevenir fraudes y errores en el proceso electoral.
Además, exige el uso de papeletas en papel que supuestamente serán contadas públicamente por funcionarios locales, con el fin de aumentar la transparencia y reducir disputas en el conteo de votos.
Trump, quien tuvo una mala experiencia con el voto anticipado en las elecciones de 2020, propone ahora limitar el voto por correo solo a personas incapacitadas para votar en persona y establece que solo se contarán las papeletas recibidas antes o durante el día de las elecciones.
El documento también prohíbe las contribuciones extranjeras en elecciones a cualquier nivel, para "evitar" posibles interferencias externas en el proceso democrático.
La orden ejecutiva de Trump busca cerrar brechas en el sistema electoral y garantizar que solo ciudadanos estadounidenses participen en los comicios.
El requisito de prueba documental de ciudadanía que se incluye en la orden indica que el presidente no esperará a que los republicanos del Congreso aprueben su proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que pretende hacer lo mismo.
Sin embargo, la medida ha generado críticas y es probable que enfrente desafíos legales, dado que la Constitución otorga a los estados la autoridad principal sobre la administración de elecciones.
Organizaciones de derechos electorales han expresado preocupación sobre la exigencia de prueba de ciudadanía, advirtiendo que podría afectar a ciudadanos estadounidenses que no tienen documentos disponibles fácilmente.
Según un informe del Brennan Center for Justice, aproximadamente 21,3 millones de ciudadanos en edad de votar podrían verse afectados por esta medida.
Asimismo, funcionarios estatales como la secretaria de gobierno de Colorado, Jena Griswold, han calificado la orden como “ilegal” y como una intromisión del gobierno federal en los procesos electorales estatales.
Se espera que esta acción sea solo el inicio de más medidas en materia electoral por parte de su gobierno, que ha anunciado su intención de lograr que un presidente pueda reelegirse por más de dos mandatos para garantizar que Trump pueda postularse nuevamente cuando acabe su actual periodo.
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