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El régimen cubano ha prolongado a nueve días el ciclo de distribución de agua en la ciudad de Ciego de Ávila, una medida que afecta directamente la vida cotidiana de sus habitantes y que refleja la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta el territorio.
La medida, calificada como un "mal necesario" por el periódico oficialista Invasor, responde al estado crítico del acuífero de Ruspoli, una de las principales fuentes de abasto de la cabecera provincial, que desde 2020 evidencia una disminución constante en sus niveles de agua.
Según autoridades de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego de Ávila (Eahca), desde finales de 2024 el pozo opera por debajo del nivel crítico, lo que significa que se está extrayendo agua de reservas estáticas, una situación insostenible a largo plazo.
Ante este escenario, se decidió restringir el uso del acuífero, manteniéndolo solo como fuente para algunas zonas rurales, mientras que la ciudad cabecera comenzó a ser abastecida desde la Cuenca Sur, mediante infraestructura de emergencia creada en 2017.
La prolongación de los ciclos de abasto impacta también a entidades económicas, sociales y agrícolas, muchas de las cuales deben reorganizar su actividad ante la falta de agua.
En las áreas rurales abastecidas por el acuífero, se están impulsando cultivos de menor demanda hídrica, como la yuca y el mango, en un intento de adaptación.
Pese a los esfuerzos por monitorear el acuífero con sensores automáticos instalados mediante proyectos internacionales como Euroclima Plus, la situación sigue siendo crítica.
Entre 2020 y la fecha, 24 de los 30 meses considerados "lluviosos" registraron precipitaciones por debajo de la media histórica, lo que impide la recarga natural del acuífero, subrayó la fuente citada.
Mientras tanto, la población enfrenta las consecuencias de la escasez: mayores tiempos de espera para el abasto, necesidad de almacenamiento en condiciones poco higiénicas y una creciente sensación de inseguridad sobre el acceso a un recurso vital.
Expertos insisten en la necesidad de fortalecer las campañas de educación ambiental y uso racional del agua, especialmente en comunidades y escuelas.
Sin embargo, la prolongación de los ciclos de suministro deja al descubierto la incapacidad del régimen cubano para garantizar servicios básicos ante fenómenos climáticos que, aunque predecibles, no han sido gestionados con previsión suficiente.
En 2023, la falta de lluvias provocó que casi 50 mil habaneros permanecieran sin servicio de agua potable. La situación en La Habana —una de las zonas más densamente pobladas del país— reveló la falta de inversión sostenida en infraestructura hidráulica, agravada por el deterioro de los sistemas de bombeo y distribución.
En 2024, la sequía volvió a ser noticia al dejar a la mayor presa de reserva de Cuba con solo un 15 % de su capacidad, lo cual limitó aún más las posibilidades de riego agrícola y abastecimiento humano.
Esta disminución crítica del almacenamiento de agua dejó en evidencia la falta de planes efectivos de contingencia por parte del régimen, en medio de un ciclo climático que se repite año tras año sin que se ejecuten acciones sostenibles de mitigación.
Sin embargo, en febrero pasado, y a pesar del escenario hídrico desfavorable, el gobernante Miguel Díaz-Canel insistía en mostrar cifras optimistas sobre la producción de carne y leche de búfala, desconectadas de la realidad de miles de familias que siguen enfrentando escasez de agua y alimentos.
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