Un grupo de cubanos con I-220A convocó una manifestación pacífica el próximo 25 de abril en Washington DC, con el objetivo de denunciar la represión del régimen y exigir la libertad de los presos políticos en la isla.
La iniciativa surge desde el Movimiento Anticomunista. Su vocero, Víctor Castillo, hizo un llamado a la unidad y a vencer el miedo para que más migrantes participen.
“La manifestación será en el Capitolio, a las 9:00 a.m., en el área 10. Estaremos un grupo de cubanos con I-220A y todos los que se sumen. En la tarde nos movilizaremos hacia la Embajada de Cuba para exigir libertad y respeto a los derechos humanos en la isla”, declaró Castillo en entrevista con Javier Díaz en Univisión.
El activista reconoció que muchos migrantes temen participar por el riesgo de ser detenidos o deportados, dado su estatus migratorio. Sin embargo, los instó a superar esos temores.
“Este país nos abre las puertas y nosotros tenemos que luchar en primer lugar por la libertad de Cuba y de los presos políticos. Todo se va a solucionar y verán que vamos a tener un estatus migratorio legal en Estados Unidos”, dijo.
Castillo también aseguró que cuentan con el respaldo de la congresista María Elvira Salazar y de otros legisladores cubanoamericanos.
Opiniones divididas en redes sociales
La convocatoria ha generado una fuerte ola de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo. Mientras algunos celebran la iniciativa y aplauden el activismo en suelo estadounidense, otros critican la legitimidad de la protesta y cuestionan el estatus migratorio de los participantes.
“Muy bien por todos los I-220A. ¡Todos unidos!”, expresó uno de los usuarios que respalda la iniciativa. “No protestan en Cuba y aquí sí… que los deporten a todos”, escribió otra persona con una posición opuesta.
Otros usuarios alertan sobre posibles consecuencias legales o migratorias por manifestarse. “Que tengan cuidado, los pueden cargar ahí mismo”.
Por su parte, una cubana opinó: “No pueden hacer eso, no tienen estatus legal como para estar alterando el orden. Esta es la razón por la cual la actual administración está deportando a los indisciplinados”.
Los organizadores aseguran que esta movilización no busca beneficios migratorios inmediatos, sino visibilizar el drama de los derechos humanos en Cuba y exigir el fin de la dictadura. Para ellos, la lucha trasciende fronteras y forma parte de una causa más amplia por la libertad y la democracia.
“Pido a todos los cubanos con I-220A que se unan en la lucha. No estamos solos”, remarcó Castillo.
Política migratoria de Trump y la detención de cubanos con I-220A
En las últimas semanas, el debate sobre la situación migratoria de los cubanos con formulario I-220A ha cobrado relevancia tanto en el Congreso de Estados Unidos como entre la comunidad cubana en Florida.
El 29 de marzo de 2025, se conoció la liberación de Laura de la Caridad González Sánchez, una joven cubana de 26 años que había sido arrestada por el ICE durante una cita rutinaria en Miramar, Florida.
Su detención generó una fuerte respuesta comunitaria y la intervención directa de la congresista María Elvira Salazar, quien gestionó su liberación al destacar que Laura tenía un caso de asilo pendiente y no representaba peligro para la sociedad.
Salazar también instó a las autoridades migratorias a evitar la detención de cubanos con I-220A que no tengan antecedentes penales.
El 17 de abril de 2025, el congresista Mario Díaz-Balart confirmó que está en conversaciones con la administración de Donald Trump para impulsar una vía legal que permita a los portadores de I-220A obtener un estatus migratorio regular.
Estas declaraciones se dieron en medio de una creciente movilización de migrantes cubanos en Washington D.C., coincidiendo con los primeros 100 días del segundo mandato de Trump.
Díaz-Balart señaló que esta situación afecta a miles de cubanos que fueron liberados bajo supervisión sin fecha de deportación, lo que los mantiene en un limbo legal, sin permisos de trabajo ni opciones claras de ajuste migratorio.
Además, el congresista reiteró su apoyo a políticas de presión contra el régimen cubano, incluyendo restricciones a las remesas y los viajes a la isla.
Estas acciones políticas evidencian una creciente atención del Congreso hacia la situación de los cubanos con I-220A, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos bajo la nueva administración republicana.
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