El Gobierno del presidente Donald Trump violó una orden judicial federal al expulsar a dos cubanos y otros seis migrantes a un tercer país, concretamente Sudán del Sur, así lo considera el juez Brian Murphy, del Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts.
Murphy sostuvo que la deportación fue “incuestionablemente violatoria de la orden" de su tribunal, al no haberse ofrecido a los migrantes la posibilidad de impugnar su traslado a un país distinto al de origen.
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En una audiencia celebrada este miércoles, Murphy enfatizó que “fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”.
Esta afirmación refuerza el argumento de que el gobierno ignoró de forma deliberada las garantías del debido proceso.
Según la BBC y CBS News, Murphy emitió el 18 de abril una orden que establecía que los inmigrantes ilegales deben tener “una oportunidad significativa” para objetar su deportación a terceros países.
Este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra Murphy, al que acusado de intentar "traer estos monstruos de regreso" a EE.UU.
“Ahora el juez Murphy está obligando a los funcionarios federales a permanecer en Yibuti durante más de dos semanas, amenazando nuestras relaciones diplomáticas de Estados Unidos con países de todo el mundo y poniendo en peligro las vidas de los agentes al tener que estar con estos asesinos ilegales, criminales y violadores”, dijo Leavitt.
Leavitt, quien indicó los nombres y antecedentes penales de las ocho personas deportadas, calificó la orden de Murphy como una "extralimitación judicial masiva".
“No puede controlar la política exterior ni la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, y sugerir lo contrario es completamente absurdo”, afirmó.
Un vuelo en disputa
A pesar de la orden judicial de Murphy, este miércoles un partió desde Texas con destino inicial no revelado, llevando a bordo a los ocho migrantes.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó el miércoles en rueda de prensa la salida del vuelo, pero rehusó revelar el destino final “por motivos de seguridad”, y afirmó que los individuos aún estaban bajo custodia del gobierno estadounidense.
Más tarde, ante la presión mediática y judicial, aclaró que el vuelo pudo haber hecho múltiples escalas y señaló: “Les advierto que supongan que su destino final es Sudán del Sur”, aunque insistió en que “ese no es su destino final”.
Sin embargo, documentos judiciales y testimonios de abogados apuntaban inequívocamente a que el país africano era el destino elegido por el gobierno.
Los migrantes fueron identificados como Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez (ambos de Cuba), Jesús Muñoz Gutiérrez (México), Thongxay Nilakout (Laos), Kyaw Mya y Nyo Myint (Myanmar), Tuan Thanh Phan (Vietnam) y Dian Peter Domach (Sudán del Sur).
Todos tienen antecedentes penales que según el DHS incluyen delitos como asesinato, violación infantil, agresión sexual y robo a mano armada.
McLaughlin calificó a los deportados como “algunos de los individuos más bárbaros y violentos”.
“Ningún país del mundo quería aceptarlos porque sus crímenes eran singularmente monstruosos y bárbaros [...] pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales”, añadió.
McLaughlin defendió la acción como una “operación de seguridad diplomática y militar”, y atacó directamente al juez Murphy al decir que “es absolutamente absurdo que un juez de distrito intente dictar la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Estas declaraciones reflejan el creciente conflicto entre el poder ejecutivo y judicial durante la administración Trump, especialmente en el ámbito de las políticas migratorias.
La postura del gobierno fue respaldada también por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, quien sostuvo que si un país se niega a aceptar a sus ciudadanos, Estados Unidos tiene “la opción de encontrar un tercer país seguro”.
Lyons añadió que “su país no lo aceptaría de vuelta” y calificó a esos Estados de “recalcitrantes”.
Irregularidades procesales y denuncias legales
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante la corte en Massachusetts, denunciando que sus clientes fueron notificados con menos de 24 horas de anticipación y sin asistencia lingüística.
En el caso de Nyo Myint, ciudadano de Myanmar, su abogado Jonathan Ryan explicó a la BBC que el 19 de mayo recibió dos notificaciones contradictorias -una que lo enviaba a Sudáfrica y otra a Sudán del Sur- ambas en inglés, idioma que Myint apenas comprendía.
“No tengo ni idea de dónde está”, dijo Ryan, añadiendo que “el gobierno de Estados Unidos lo ha hecho desaparecer”.
El abogado también subrayó que, aunque su cliente tenía antecedentes penales, “estas personas fueron seleccionadas deliberadamente por el gobierno para esta maniobra, para desviar nuestra atención del flagrante desprecio del gobierno por una orden judicial federal”.
Y remató: “Si permitimos que el gobierno elija quién merece el debido proceso y quién tiene derechos, estamos renunciando a todos los derechos”.
La BBC también informó que, un día antes del despegue, el juez Murphy había ordenado que los migrantes debían mantenerse bajo custodia del gobierno, recibir un trato humano, y disponer de tiempo razonable para impugnar sus deportaciones.
Una estrategia internacional en expansión
El incidente se inscribe en un contexto más amplio de aceleración de deportaciones por parte del gobierno de Trump, que buscaba establecer acuerdos con terceros países para recibir a personas expulsadas.
A mediados de marzo, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron enviados a una megacárcel en El Salvador en virtud de un acuerdo secreto con el presidente Nayib Bukele, por el cual EE.UU. pagaría seis millones de dólares.
Otros países como Ruanda, Benín, Angola, Guinea Ecuatorial, Eswatini y Moldavia también han sido mencionados en reportes de prensa como posibles receptores de migrantes expulsados.
Al mismo tiempo, el entonces secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación de visas a ciudadanos de Sudán del Sur, en represalia por la negativa de ese país a aceptar deportados, lo cual acentúa la contradicción al haberlos enviado igualmente allí.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos a Sudán del Sur
¿Por qué el juez Brian Murphy calificó de violatoria la deportación de cubanos a Sudán del Sur?
El juez Brian Murphy consideró que la deportación violó una orden judicial federal porque no se ofreció a los migrantes la posibilidad de impugnar su traslado a un país distinto al de origen, lo que constituye una violación del debido proceso.
¿Cuál fue la reacción del gobierno de Trump ante la decisión del juez Murphy?
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó duramente al juez Murphy, acusándolo de extralimitarse judicialmente y de intentar interferir en la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Qué sucedió con los cubanos deportados a Sudán del Sur?
Los cubanos deportados inicialmente fueron llevados a una base militar estadounidense en Yibuti, donde permanecen bajo custodia en espera de una resolución judicial que permita realizar entrevistas de temor creíble y potencialmente reabrir sus casos migratorios.
¿Qué implicaciones tiene la deportación a terceros países como Sudán del Sur?
La deportación a terceros países plantea serias preocupaciones legales y de derechos humanos, especialmente cuando se realiza sin un tratado bilateral y en países con inestabilidad, como Sudán del Sur, que enfrenta una crisis humanitaria y no tiene acuerdos migratorios formales con Estados Unidos.
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