El gobernante designado Miguel Díaz-Canel volvió a recurrir a la épica revolucionaria para exaltar el papel del derecho en la historia nacional en el día que celebran al jurista, afirmando que “Cuba es una nación forjada en bases jurídicas de sólida tradición”.
Pero sus palabras han generado escepticismo dentro y fuera de la isla, donde crece la percepción de que el sistema judicial es usado como un instrumento para castigar la disidencia y blindar al poder político.
En un hilo de X, el mandatario evocó a figuras como Céspedes, Agramonte, Martí y Fidel Castro como “paradigmas que encontraron en el Derecho herramienta y sostén para sus pensamientos emancipadores”.
Mientras que felicitaba a los trabajadores del sector jurídico, expresando su confianza en que seguirán “construyendo y haciendo más sólido nuestro Estado Socialista de Derecho y de Justicia Social”.
Lejos de representar una justicia imparcial, el sistema jurídico cubano ha sido señalado por múltiples organizaciones internacionales como una estructura subordinada al Partido Comunista, donde los jueces responden a la voluntad política y los abogados no actúan con independencia.
“Claro, Cuba tiene una sólida tradición jurídica: jueces que no dictan sentencia, la leen; abogados que defienden el derecho del gobierno a aplastar al pueblo; tribunales con veredicto listo; y un Código Penal que da más miedo que justicia”, escribió en tono irónico la usuaria @CalienteClavo, en un comentario.
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Otro usuario, @Libertad12021, fue más directo. “En Cuba no hay derecho y menos justicia. Hay más de 1,000 presos políticos encarcelados por alzar la voz y pedir libertad. Les fabricaron delitos para condenarlos. Todos son inocentes. Manifestarse no es un delito. ¿De cuál derecho y justicia hablas, @DiazCanelB? Eres un cínico y descarado”.
Uno de los comentarios más contundentes vino de @Charliesway4eve, quien desmontó el discurso histórico del mandatario designado por Raúl Castro.
“Cuba no fue forjada en leyes, sino en la sangre de quienes soñaron con una república con todos y para el bien de todos. Martí luchó contra el caudillismo, el autoritarismo y el culto a la personalidad. Murió antes de ver su sueño secuestrado. Fidel hizo todo lo contrario: abolió libertades, cerró periódicos, fusiló opositores, instauró un régimen de partido único y convirtió la república en finca personal. Martí habría visto en Fidel al tirano latinoamericano que tanto temía. Lo habría llamado traidor. Y con suerte, lo habría mandado a fusilar por usurpar la causa de la libertad en nombre del totalitarismo”.
Este tipo de comentarios reflejan el hartazgo de una ciudadanía que no se deja seducir por el lenguaje jurídico del poder. Mientras el gobierno celebra aniversarios y cita a los próceres, miles de cubanos siguen presos por expresarse, manifestarse o simplemente disentir.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado sistemáticamente que en Cuba se realizan juicios sumarios, se niegan recursos efectivos a los acusados y se criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta pacífica y la libertad de expresión.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, cientos de cubanos, incluidos menores de edad, fueron procesados y condenados a largas penas de prisión mediante procedimientos plagados de irregularidades.
Varios de esos juicios se celebraron a puertas cerradas, con pruebas amañadas y con testigos exclusivamente provenientes de las fuerzas represivas del Estado.
Muchos recuerdan casos emblemáticos como los de Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo o los jóvenes manifestantes de La Güinera, condenados a décadas de prisión.
En una isla donde el acceso a una defensa independiente es prácticamente inexistente, y donde los abogados deben ser miembros de organizaciones controladas por el Estado, hablar de un “Estado de Derecho” suena, para muchos, como una burla más.
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