La cuenta en X del monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA intentó limpiar la deteriorada imagen su presidenta Tania Velázquez Rodríguez, a quien llamó valiente y determinada.
“Nuestra presidenta Tania Velázquez Rodríguez, con la valentía y determinación que la caracteriza, aborda la complejidad de la situación que enfrentamos y su impacto en un pueblo del que ella y sus trabajadores son parte y con el que están comprometidos”, se lee en la cuenta de X de ETECSA.
El tuit acompaña a un fragmento de la intervención de Velázquez Rodríguez en el podcast del gobernante Miguel Díaz-Canel, donde la funcionaria admite que no han sido días fáciles para ella.
Durante esa intervención la presidenta de ETECSA ofreció disculpas públicas por la mala comunicación institucional, aunque sin retractarse de las medidas impuestas.
Velázquez ha defendido la nueva política comercial, ha advertido sobre un posible colapso técnico del sistema de telecomunicaciones y ha continuado justificando la priorización de ofertas en divisas por la existencia de un “mercado fuera de Cuba”.
Durante la intervención oficial, en la que estaba presente además de Díaz-Canel, el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, la funcionaria reconoció que ETECSA debió haber comunicado mejor sus intenciones y admitió que el descontento ciudadano es comprensible ante la falta de claridad y la brusquedad del cambio.
Este sábado, el proyecto Represores Cubanos incluyó a Velázquez Rodríguez en su lista por su rol directo en el establecimiento de tarifas prohibitivas para el acceso a internet en Cuba, una medida considerada por organizaciones y analistas como una forma de racionamiento digital y represión económica.
El expediente contra Tania Velázquez incluye los delitos de:
- Violación de la libertad de opinión, expresión e información (Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
- Internet inasequible mediante altos precios.
- Violación del derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación.
Estos cargos la categorizan como “represora de cuello blanco”, término que designa a funcionarios civiles que reprimen mediante decisiones administrativas con impactos sistemáticos.
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