Un cubano denunció en redes sociales el rechazo de su visa de inmigrante en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tras varios años de espera. La causa fue la controvertida Proclamación Presidencial 212(f), que ha frustrado los planes migratorios de miles de familias cubanas.
“Hoy tuve mi entrevista y la verdad, la pasé muy mal”, comienza el testimonio compartido por el periodista Mario J. Pentón en su perfil de Facebook, donde expone el caso de un solicitante que recibió una negativa oficial bajo la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, utilizada para restringir la entrada de extranjeros por motivos de seguridad.
El documento entregado al afectado por las autoridades consulares en La Habana deja claro que no se le concederá una Excepción de Interés Nacional (NIE), el único mecanismo que permitiría sortear temporalmente dicha prohibición.
“No lo merecemos después de tantos años de espera”, lamenta el solicitante. “Lo más difícil es no saber qué efecto tendrá esto cuando, en algún momento, eliminen esa dichosa proclama. Tanto tiempo perdido...”.
El impacto emocional de la respuesta consular se agrava por el profundo deseo de reunificación familiar. “Nos han quitado el sueño de estar juntos con nuestras familias”, escribió el entrevistado, reflejando la frustración compartida por muchos cubanos atrapados entre largas listas de espera, decisiones burocráticas y políticas migratorias cambiantes.
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Este caso ocurre en medio de un endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense. A partir del 9 de junio, Estados Unidos comenzó a aplicar una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que impone restricciones de viaje a ciudadanos de Cuba y Venezuela, alegando preocupaciones de seguridad nacional y falta de cooperación consular.
La medida afecta visas B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudiantes), M (estudios técnicos) y J (intercambio cultural). En el caso de Cuba, la proclama argumenta que el país es un “Estado patrocinador del terrorismo” y que presenta elevadas tasas de excedencia en sus visados. Además, señala que La Habana no colabora en materia de deportaciones ni comparte suficiente información con las autoridades estadounidenses.
Aunque se han contemplado algunas excepciones, como residentes permanentes legales, solicitantes de visados familiares inmediatos o casos de interés nacional, muchos cubanos como el denunciante han quedado atrapados en una política que, según activistas y migrantes, prioriza los vetos sobre los vínculos familiares.
En su mensaje, el solicitante no oculta su desconcierto ni su deseo de ser escuchado: “Me gustaría expresar tantas cosas, pero las palabras se me escapan. Lo único que sé con certeza es que todos estamos afectados, tanto los que estamos aquí como nuestros familiares allá”.
El caso pone rostro humano a una realidad dolorosa: la separación forzada de familias cubanas por decisiones consulares amparadas en políticas de seguridad nacional. Mientras miles aguardan una oportunidad para emigrar legalmente, otros tantos ven cómo ese sueño se desvanece.
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