Tras la ola de críticas generadas por la decisión de destinar 100 nuevos microbuses exclusivamente a La Habana, el Ministerio de Transporte se vio obligado a rectificar e informar públicamente la nueva decisión.
En una publicación reciente en Facebook, el titular del sector, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió que la distribución inicial fue replanteada a partir de los reclamos ciudadanos y anunció que solo la mitad de estos vehículos permanecerá en la capital.
De igual forma subrayó que el resto será enviado a otras provincias con mayor densidad de tráfico urbano.
Según el anuncio, 50 microbuses se quedarán en La Habana, mientras que los otros 50 se repartirán entre Santiago de Cuba (20), Holguín (10), Camagüey (10), Villa Clara (5) y Ciego de Ávila (5).
La medida busca justificar la decisión con el argumento de que La Habana concentra aproximadamente el 50% del tráfico urbano del país.
Sin embargo, el cambio de criterio refleja la presión social generada por una ciudadanía harta del centralismo y el reparto desigual de los recursos públicos.
Otro de los reclamos frecuentes fue el envío a las provincias de los vehículos deteriorados que ya cumplieron su ciclo en La Habana, en este caso, se trató de 67 microbuses gacelas que no están operativos.
Aunque el ministro negó que se trate de una política discriminatoria, reconoció que es una forma de “aprovechar lo que tenemos” en medio de la escasez de recursos.
Recurrió también al argumento del ingenio provincial, aludiendo a la capacidad de los innovadores de los territorios para revivir estos vehículos usados bajo un régimen de menor exigencia.
Las críticas también apuntaron al mal estado actual del servicio que prestan las gacelas en la capital, con denuncias sobre horarios irregulares, desvíos de ruta, mantenimiento deficiente y tarifas irreales que los choferes compensan con servicios nocturnos desregulados.
El propio ministerio reconoció que el servicio ha sido motivo de quejas y sanciones, y prometió la creación de un grupo de trabajo para evaluar posibles mejoras.
No obstante, advirtió que por ahora el sistema se mantendrá sin cambios.
En cuanto a los nuevos microbuses, estos operarán durante el día en rutas distintas a las actuales, entre zonas de alta movilidad como hospitales o puntos de conexión.
Tendrán un precio fijo de 20 pesos por tramo, no prestarán servicio nocturno y deberán iniciar sus recorridos con los vehículos vacíos.
Su mantenimiento será responsabilidad de la red de talleres del proveedor y el financiamiento corre a cargo del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.
A pesar de este rediseño parcial, el Ministerio dejó claro que no se distribuirán microbuses en todas las provincias, dado que se necesita un mínimo de cinco vehículos por ruta para garantizar el servicio.
En resumen, muchas zonas del país seguirán esperando soluciones mientras la administración intenta calmar el malestar público con medidas parciales que, más que planificadas, parecen impuestas por la presión ciudadana.
La crisis del transporte público en La Habana ha llegado a un punto crítico, con rutas canceladas, vehículos fuera de servicio y una población cada vez más frustrada ante la falta de soluciones concretas.
Uno de los casos más alarmantes es el colapso de las llamadas “gacelas”, que han desaparecido de varias zonas de la ciudad en reiteradas ocasiones por falta de combustible, dejando comunidades enteras sin alternativas de movilidad.
El Ministerio de Transporte ha intentado mostrar control sobre la situación, pero sus mensajes han sido contradictorios. Mientras lanza advertencias públicas contra choferes privados por violar supuestas regulaciones, no ofrece soluciones efectivas que garanticen estabilidad y operatividad al sistema estatal.
A esto se suma la afectación directa por los apagones al funcionamiento de medios alternativos como los triciclos eléctricos. La dependencia de energía en un contexto de déficit energético nacional convierte estas soluciones en meros paliativos incapaces de sostenerse en el tiempo.
Las estadísticas oficiales tampoco ofrecen alivio: las cifras reflejan una caída drástica en la capacidad de transportación, con millones de viajes menos y un parque automotor reducido al mínimo funcional.
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