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El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, publicó recientemente un tuit en el que arremetió contra la doctrina estadounidense de "La paz a través de la fuerza".
En su mensaje, afirmó que se trata de una “doctrina imperialista” que busca “imponer el terror, el armamentismo y la desestabilización mundial” para sostener lo que describió como “la debacle hegemonista de EE.UU.”. Concluyó con una sentencia rotunda: “Descansa en la noción de que quien posee la fuerza tiene la razón”.
La declaración, lejos de ser una simple opinión diplomática, revela una operación retórica más compleja. En ella se mezclan la tergiversación de un concepto estratégico, la reafirmación de una narrativa ideológica anclada en la Guerra Fría y un temor apenas disimulado ante un posible escenario: que Estados Unidos recurra a esta doctrina frente a aliados clave del régimen cubano, como Irán o Venezuela.
¿Qué es “La paz a través de la fuerza”?
La doctrina conocida como ‘Peace through Strength’ tiene raíces que se remontan a la antigua Roma —si vis pacem, para bellum— pero su formulación moderna fue popularizada por el presidente Ronald Reagan en los años 80.
La premisa es sencilla: un poder militar robusto actúa como disuasivo frente a enemigos potenciales, y por tanto, puede preservar la paz.
Aunque puede y ha sido utilizada como justificación para políticas intervencionistas, también ha servido para definir estrategias defensivas, especialmente durante la Guerra Fría.
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Su uso contemporáneo no es monolítico: varía según los contextos y gobiernos que la invoquen. No es, en sí misma, una doctrina belicista, aunque puede ser utilizada con fines agresivos si no está sujeta a límites legales y políticos claros.
El uso político del discurso: Entre el antiimperialismo y la hipocresía
La condena de Rodríguez Parrilla encaja perfectamente en la retórica oficialista del régimen cubano, que desde hace más de seis décadas ha hecho del antiimperialismo su eje discursivo central.
Al etiquetar esta doctrina como “imperialista”, el canciller no busca matizar o cuestionar su aplicación en contextos específicos, sino deslegitimarla completamente. Su lenguaje emocional —"terror", "debacle", "armamentismo"— tiene un objetivo propagandístico, no analítico.
Pero más allá del estilo, lo que resulta insostenible es la hipocresía del enfoque. Cuba rechaza categóricamente cualquier doctrina de intervención bajo el argumento de la soberanía nacional, incluso cuando se trata de detener crímenes de lesa humanidad.
Esta postura, sin embargo, se aplica de forma selectiva: jamás ha emitido una condena clara frente a las represiones de aliados estratégicos como Rusia en Chechenia y Ucrania, Venezuela, Siria o el propio Irán. Así, el régimen cubano utiliza el derecho internacional como un instrumento político de conveniencia, no como un compromiso con principios universales.
La doble moral del régimen cubano: Soberanía para mí, intervención para otros
Uno de los aspectos más llamativos —y menos sostenibles— del discurso diplomático del régimen cubano es su apelación sistemática al principio de soberanía nacional y no intervención.
Desde los foros de la ONU hasta sus comunicados oficiales, La Habana ha defendido por décadas que ningún Estado debe inmiscuirse en los asuntos internos de otro, incluso cuando existen violaciones flagrantes a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esa defensa no ha sido coherente con su historial de política exterior.
Durante buena parte del siglo XX, el régimen cubano fue protagonista directo de intervenciones militares y operaciones encubiertas en África, América Latina y otras regiones, bajo el argumento del “internacionalismo revolucionario”.
En lugar de condenar las injerencias armadas, las promovió activamente cuando se trataba de apoyar a regímenes o movimientos afines a su ideología.
En África, más de 300,000 soldados cubanos participaron en la guerra civil angolana entre 1975 y 1991, respaldando al MPLA, en una de las intervenciones militares más grandes del siglo fuera del marco de las superpotencias.
También desplegó tropas en Etiopía, asesoró militarmente a gobiernos y movimientos armados en Congo, Guinea-Bisáu y Mozambique, y entrenó a combatientes en sus escuelas militares.
En América Latina, el apoyo cubano a movimientos guerrilleros / terroristas fue una constante desde los años sesenta: el Frente Sandinista en Nicaragua, el FMLN en El Salvador, las FARC en Colombia y numerosos grupos menores en Venezuela, Chile, Uruguay y Argentina. Incluso la fallida expedición del Che Guevara a Bolivia en 1967 fue una operación de injerencia revolucionaria directa.
Para justificar estas acciones, el régimen desarrolló una narrativa propia: no intervenía, sino que ofrecía “ayuda solidaria”; no enviaba tropas, sino “combatientes internacionalistas”; no promovía la guerra, sino la “liberación de los pueblos”.
Este uso manipulador del lenguaje le permitió construir una fachada moralista que hoy utiliza, sin ironía, para atacar a otras potencias cuando invocan principios de seguridad o protección de derechos humanos.
En definitiva, la defensa cubana de la soberanía no es un principio jurídico firme, sino una herramienta estratégica que se activa o se ignora según convenga al régimen.
Por eso, cuando el canciller cubano denuncia doctrinas como “La paz a través de la fuerza” como instrumentos de dominación, omite convenientemente que el régimen ha hecho uso histórico del intervencionismo armado para exportar su modelo ideológico, sin haber rendido cuentas por ello en ningún tribunal internacional.
Esta contradicción fundamental deslegitima gran parte del discurso diplomático cubano, y convierte en un ejercicio de cinismo político su defensa de la no intervención frente a conflictos donde están en juego la vida y los derechos de millones de personas.
La reacción ante Irán: Miedo a la cadena de consecuencias
El trasfondo del mensaje de Rodríguez Parrilla parece más cercano al temor que a la crítica. La reciente escalada entre Estados Unidos e Irán —que incluyó amenazas cruzadas, movimientos militares en la región y bombardeos sobre instalaciones nucleares— activa las alarmas en La Habana, que ve en Teherán a un socio clave.
Irán ha sido un proveedor de cooperación tecnológica, inteligencia y combustible en momentos críticos para Cuba, especialmente tras el colapso de Venezuela como socio energético fiable.
Una intervención occidental contra el régimen de los ayatolás, ya sea armada o por vías más encubiertas, debilitaría a uno de los pocos aliados internacionales con los que el régimen cubano comparte intereses geopolíticos y modelos autoritarios de control interno.
Por tanto, el mensaje del canciller no solo busca deslegitimar a EE. UU., sino también blindar diplomáticamente a Irán, elevando el costo político de una posible acción contra el régimen persa.
Derecho internacional, soberanía y la doctrina R2P
El punto más delicado en este debate es el jurídico. En el derecho internacional, la fuerza está regulada por la Carta de las Naciones Unidas. Solo se admite su uso en caso de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
En este marco, la doctrina “La paz a través de la fuerza” debe interpretarse con prudencia: como una estrategia de disuasión, no como carta blanca para intervenir militarmente.
En paralelo, desde 2005 la comunidad internacional ha avanzado en la formulación de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que establece que la soberanía implica deberes, y que si un Estado no protege a su población de crímenes atroces, la comunidad internacional debe actuar, incluso —en última instancia— mediante la fuerza.
El régimen cubano, sin embargo, rechaza de plano esta doctrina. Lo hace porque una interpretación coherente de la R2P implicaría intervenir contra Estados que cometan crímenes sistemáticos, como ocurre en regímenes aliados de La Habana y, según la opinión de algunos expertos, en la propia isla.
Irónicamente, esto coloca a Cuba en el bando opuesto al derecho internacional de protección de los derechos humanos, aunque pretenda defenderlo desde la retórica soberanista.
¿Cambio de régimen? El concepto que pone los pelos de punta en La Habana
Una de las obsesiones del discurso cubano es denunciar supuestos intentos de "cambio de régimen" promovidos desde el exterior.
Es cierto que en contextos como Libia o Irak, intervenciones basadas en criterios de protección terminaron desestabilizando países y propiciando la ingobernabilidad, lo que ha generado un debate válido sobre los límites de las intervenciones humanitarias.
Sin embargo, equiparar toda doctrina de intervención o disuasión con cambio de régimen es, otra vez, una tergiversación interesada. La R2P no avala cambios de gobierno como objetivo, y el derecho internacional exige mecanismos multilaterales para su aplicación.
El problema, en realidad, no es la doctrina en sí, sino el miedo de los regímenes represivos a cualquier mecanismo que pueda poner fin a su impunidad.
El mensaje del canciller Bruno Rodríguez Parrilla no busca proteger la paz ni el derecho internacional. Busca blindar al régimen cubano y a sus aliados autoritarios frente a cualquier amenaza externa, disfrazando esa defensa con un discurso supuestamente principista.
Su crítica a “La paz a través de la fuerza” no se basa en una preocupación ética, sino en el temor real de que, algún día, la comunidad internacional deje de tolerar a quienes, bajo la bandera de la soberanía, violan sistemáticamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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