Un juez federal en Washington D.C. bloqueó este miércoles varias directivas de la administración Trump que autorizaban la deportación acelerada de inmigrantes beneficiarios del parole humanitario, medida que afectaba particularmente a miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
La decisión judicial —emitida por la jueza Jia Cobb— invalida tres órdenes clave impulsadas por el gobierno de Trump en su intento de revocar masivamente protecciones legales a migrantes que ingresaron legalmente a través de los puertos de entrada bajo el programa de parole humanitario implementado durante la presidencia de Joe Biden.
El fallo anula un memorando del 23 de enero que ampliaba el uso de la deportación acelerada, una orden del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del 18 de febrero, que autorizaba la deportación de “extranjeros en libertad condicional” y un aviso del 25 de marzo que revocaba el parole humanitario específicamente para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La decisión podría frenar los esfuerzos del ICE para detener y deportar rápidamente a migrantes que se encontraban asistiendo a sus citas de corte, pese a haber sido admitidos legalmente en el país bajo parole humanitario.
Solo en el caso de los cubanos, más de 110,000 personas han sido aprobadas bajo este programa, y alrededor de 26,000 corrían el riesgo de ser deportadas por no haber cumplido un año de presencia en EE.UU., requisito necesario para regularizarse bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El fallo de la jueza Cobb llega en medio de una batalla legal más amplia sobre la autoridad del gobierno de Trump para cancelar el parole humanitario en su conjunto.
Un tribunal de apelaciones en Boston está evaluando esta semana si la administración actuó dentro de sus atribuciones legales al revocar el programa de forma general, sin análisis individual de los casos.
Mientras tanto, la comunidad migrante y organizaciones legales celebran la decisión de hoy como una victoria parcial, que da un respiro a miles de personas bajo amenaza de deportación inminente.
La sentencia representa un revés legal para los planes migratorios del expresidente Trump, quien ha insistido en endurecer las medidas contra la inmigración incluso en casos humanitarios.
El futuro del parole humanitario, sin embargo, sigue dependiendo de la decisión final del tribunal de apelaciones.
Estos fallos el gobierno de Trump suele elevarlos a la Corte Suprema, donde ha obtenido varias victorias.
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