En Matanzas, una ciudadana con más de cuatro décadas de suscripción a la prensa estatal ha tenido que convertirse en gestora, denunciante y fiscal ante un sistema postal que no solo incumple su servicio, sino que permite que un cartero convierta los periódicos en mercancía para la venta informal, mientras el aparato institucional mira hacia otro lado.
La vecina María del Carmen Andreu Delgado, residente en la llamada Atenas de Cuba, asegura que la situación comenzó a deteriorarse desde noviembre de 2024.
En ese momento un nuevo cartero asumió la ruta que antes cubría un “eficiente trabajador del gremio que confeccionó una libreta para obtener el control absoluto de sus clientes, y luego dejó en manos del nuevo distribuidor”, relató Andreu en carta dirigida a la sección Apartado 1433 del periódico oficial Girón.
Tras la salida del anterior cartero, todo se vino abajo. Pese a múltiples reclamos, visitó al administrador del correo de la calle Medio y a la representante de la zona postal, en Versalles, pero nada cambió como “inequívoca señal de desidia administrativa”.
El nuevo cartero siguió ignorando su deber, hasta que Carmen lo sorprendió vendiendo 20 periódicos Girón a un solo comprador por cinco pesos cada uno, cargando una mochila repleta de ejemplares.
Con ese hallazgo, lo que eran sospechas se convirtieron en pruebas. La afectada acudió de nuevo a la Dirección Provincial de Correos y denunció la especulación financiera en curso: un trabajador estatal cobrando por un servicio que no presta, y revendiendo bienes públicos para beneficio propio.
Aunque luego del escándalo hubo “ligeros cambios” y el cartero llegó a cobrarle marzo y entregarle algunos ejemplares, el periódico Juventud Rebelde dominical sigue desapareciendo sin explicación.
Carmen se pregunta con amargura quién será el destinatario de ese periódico que ella paga, pero nunca recibe.
Por ello, exige que se le permita recoger su suscripción directamente en la oficina del Hospital Pediátrico, como hacen otros ciudadanos, para evitar seguir siendo víctima de un sistema corrupto, ineficiente y cómplice.
Mientras tanto, las autoridades del correo, advertidas desde hace meses, aún no dan respuesta pública ni solucionan un problema que afecta derechos básicos y que se repite en silencio en muchas otras esquinas del país.
En los últimos meses, la prensa oficial ha intentado mostrar mejoras en los servicios de la estatal Empresa de Correos de Cuba, pero los reportes de más de 4,000 envíos acumulados, denuncias de pérdidas y la saturación por nuevas importaciones como las motos eléctricas evidencian lo contrario.
Con un sistema que sigue colapsado, Correos de Cuba ha intentado justificar la lentitud de sus servicios en una mezcla de obstáculos estructurales, sobrecarga de mercancías, demoras ajenas y falta de recursos básicos.
Semanas atrás, la entidad reconoció como alterados, robados o perdidos apenas el 0.02 % de los más de 745,000 envíos gestionados entre 2024 y el primer trimestre de 2025. No obstante, deslizó la responsabilidad hacia operadores postales y aduanales, alegando que los envíos pasan por manos extranjeras y cubanas antes de llegar al país.
Si bien los informes oficiales destacan la disminución de las reclamaciones y los avances logísticos, persisten problemas estructurales, altas demandas al tiempo que la población sigue denunciando demoras y, especialmente, el robo de contenido en los paquetes, lo que desacredita la narrativa oficial del régimen.
En mayo, el servicio de paquetería de Correos de Cuba fue puesto bajo la lupa una vez más por la denuncia pública de una ciudadana cubana residente en Santa Marta, Matanzas, quien recibió perfiles de aluminio en lugar de los dos televisores Philips que había enviado desde Panamá.
Durante el propio mes sobresalió la noticia de que la oficina de la Empresa de Correos en el municipio de Viñales, Pinar del Río, había sido convertida en una especie de “correocuevita”: un punto de venta de productos básicos y otras mercancías, en medio de la escasez y la falta de ingresos de la entidad.
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