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La fiscal Niurka Margarita Tabares Valdés, de la provincia de Artemisa, fue incluida en la lista de Represores Cubanos, una iniciativa que documenta y denuncia a funcionarios implicados en actos de represión política.
En un mensaje enviado a CiberCuba, se explica que Tabares Valdés fue incorporada al expediente número 1904 del proyecto represorescubanos.com, debido a su actuación durante el juicio celebrado el 5 de agosto en el Tribunal Municipal de Guanajay, donde solicitó condenas conjuntas de 10, 8 y 5 años de prisión contra los opositores Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, miembros de la organización Cuba Primero.
Los cargos formulados fueron “Propaganda contra el orden constitucional” y “Asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas”.
Juicio marcado por motivaciones políticas
Según el proyecto, Tabares Valdés incurrió en prevaricación, siguiendo directrices de la policía política para imponer sentencias largas e injustas. Los acusados fueron señalados de recibir financiación y dirección desde el exterior por distribuir octavillas antigubernamentales, una narrativa que —afirman— busca ocultar la existencia de disidencia interna contra un régimen sumido en la peor crisis socioeconómica de la historia reciente del país.
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El Código Penal vigente desde diciembre de 2022 tipifica la “Propaganda contra el orden constitucional” como delito, sancionable con tres a diez años de prisión a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista” por medios orales o escritos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esta figura se ha convertido en una herramienta de represión para castigar incluso opiniones vertidas en redes sociales.
Un registro para documentar la represión
El proyecto Represores Cubanos recopila y publica información de funcionarios que, según sus impulsores, atentan contra la integridad de las personas mediante el uso del aparato judicial o administrativo para fines políticos.
Su objetivo declarado es “avergonzar y exponer” a quienes dictan sentencias que destruyen vidas, al tiempo que les recuerda que “la opción de decir NO siempre existe”.
El pasado mes de junio, la fiscal de Matanzas Ana Lilian Caballero Arango y la oficial de la PNR María Juantorena Herrera igualmente fueron incluidas en la lista por su participación en el caso de las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres.
Caballero Arango fue incluida por solicitar injustamente cuatro y tres años de privación de libertad respectivamente, sustituida por trabajo correccional sin internamiento, para las académicas disidentes, informó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés).
Juantorena, por su parte, agredió brutalmente a “las intelectuales disidentes después de interceptar el 18 de mayo de 2024 en el punto de control de Bacunayagua el auto de alquiler en que las dos historiadoras viajaban de Matanzas a La Habana”.
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