El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció el arresto en Nueva Orleans de Eduardo Fundora-Setién, un cubano de 59 años con condenas previas por agresión doméstica de segundo y tercer grado en Luisiana.
La detención ocurrió el 7 de agosto y fue difundida en la cuenta oficial de ICE en X, dentro de su campaña "Lo peor de lo peor", que identifica y expone públicamente a criminales extranjeros considerados de alta peligrosidad.
Según el comunicado, Fundora-Setién integra la lista de inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos que presentan antecedentes por delitos violentos, y que enfrentan procesos de deportación.
Por ahora, no se ha especificado si su expulsión será directa hacia Cuba o a un tercer país, aunque el expediente lo coloca en la lista de prioridad máxima para ser removido de Estados Unidos.
La agencia reiteró que estos operativos forman parte de su estrategia de retirar de las calles a individuos que representan una amenaza para la seguridad pública.
El caso se suma a una serie de arrestos recientes de cubanos con graves antecedentes penales.
El pasado 6 de agosto, en Texas, ICE detuvo a Osvaldo Rabiero Álvarez, de 72 años, condenado por falsificación, tráfico de cocaína y heroína, robo y agresión agravada. En Florida, apresó a Andrés Guilarte, con historial por tráfico de cocaína y robo de vehículo motorizado.
En Nueva Orleans, a finales de julio, también se capturó a Eduardo Luis Machín Pozo, de 64 años, con condenas por tráfico de drogas y posesión de sustancias peligrosas en Alabama.
En la misma ciudad fue arrestada la cubana Lianet Peña Font, quien cumplió dos años de prisión por conspiración para distribuir más de 500 gramos de cocaína.
Las autoridades han señalado que muchos de los detenidos tienen órdenes finales de deportación o procesos migratorios abiertos.
En ocasiones, la expulsión no se concreta debido a que el gobierno cubano se niega a recibir a nacionales con antecedentes criminales, lo que obliga a las autoridades estadounidenses a enviarlos a terceros países.
En junio, la Corte Suprema autorizó al gobierno a reanudar las deportaciones hacia terceros países, incluso si no son los lugares de origen de los migrantes, al revocar un fallo que exigía evaluar previamente los riesgos de tortura o muerte en esos destinos.
La decisión representó una victoria para la administración Trump y fortaleció la capacidad de ICE para ejecutar la expulsión de extranjeros con condenas graves, sin importar su nacionalidad.
De acuerdo con estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos en territorio estadounidense son considerados deportables.
Algunos permanecen en régimen de libertad supervisada, mientras otros están recluidos en centros como el polémico "Alligator Alcatraz" a la espera de su salida.
Las deportaciones de nacionales cubanos con antecedentes penales forman parte de un plan de endurecimiento del control migratorio impulsado durante la administración Trump, con el objetivo de expulsar a extranjeros que el gobierno cataloga como "los peores de los peores": pedófilos, narcotraficantes, violadores, pandilleros y agresores violentos.
Los arrestos masivos de migrantes indocumentados, ejecutados por ICE en coordinación con otras agencias y fuerzas del orden federales y estatales, superaron los 149,000 en los primeros siete meses del año.
Aunque la entidad ha advertido en X que "las detenciones y deportaciones de inmigrantes ilegales criminales continuarán", no hizo diferenciación alguna en su mensaje entre delincuentes y personas con estatus irregular en el país.
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