Maylen Díaz Delgado, una de las cubanas que salió a las calles el 11 de julio de 2021 en Camagüey para exigir libertad junto a su padre, enfrenta ahora una de las batallas más duras de su vida en Estados Unidos.
Tras casi cuatro años de exilio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) desestimó su solicitud de asilo y le notificó que la próxima etapa será una entrevista de “miedo creíble”, un procedimiento que podría derivar en su deportación.
En un mensaje publicado en Facebook, acompañado de imágenes de aquellas protestas y de un cartel ilustrado con la frase “Help me USA”, Maylen expresó la angustia que atraviesa: “Hoy he recibido la notificación de que mi caso de asilo ha sido desestimado. La próxima etapa será una entrevista de miedo creíble y, después de allí, solo Dios sabrá qué sucederá con mi destino”.
Con un tono desgarrador, advirtió a las autoridades estadounidenses que “no regreso a Cuba ni muerta” y pidió que, de ser considerada su deportación, prefieran “matarla” antes de enviarla de vuelta a la isla.
Su relato no es una exageración. La joven recordó con nitidez lo vivido desde las protestas de 2021: fue golpeada, interrogada, vigilada y amenazada en varias ocasiones.
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Solo la suerte y la decisión de escapar le evitaron terminar en prisión como tantos otros manifestantes que aún cumplen condenas en cárceles del régimen. También su padre, entonces cercano a los setenta años, fue interrogado tras participar en las marchas de Camagüey.
El exilio no ha borrado las heridas. Maylen partió con lo mínimo: “cuatro trapos en una mochila, el dinero contado y un nudo en la garganta”.
La imagen que la persigue cada noche, confesó, es la de su hija de seis años dormida el día de su partida. “Vivir lejos de un hijo, sin saber cuándo volverás a abrazarlo, es como cargar con una daga clavada en el pecho”, escribió.
El caso de su hija: De la impunidad a la condena
La historia de Maylen no puede comprenderse sin el calvario que denunció en torno a su hija. En enero de 2023, CiberCuba publicó su denuncia sobre el abandono de las autoridades cubanas en la investigación por abuso lascivo contra la niña de ocho años, cometido presuntamente por su propio padre, un ciudadano cubano residente en Canadá.
Según relató entonces, presentó la denuncia en mayo de 2022, pero el proceso estuvo plagado de negligencias: policías que se negaban a registrar la acusación porque el acusado no estaba en la isla, fiscales que nunca impulsaron el expediente, psicólogos que jamás atendieron a la menor y autoridades que dejaron entrar y salir al presunto agresor de Cuba sin ninguna restricción.
“En mi casa no se ha parado nadie a mirar a mi hija ni a preguntar nada sobre el caso. Nadie le ha preguntado qué le pasó o qué le hicieron. Lo que ellos saben es porque mi familia ha ido de puerta en puerta reclamando justicia”, denunció Maylen en una transmisión en vivo.
Ese episodio marcó profundamente su vida y reforzó su decisión de huir del país. “No sé qué decir cuando mi niña me pide que su papá no se la lleve porque le tiene miedo”, confesó entonces, señalando a la Fiscalía, a la Policía Nacional Revolucionaria y a varios oficiales del Ministerio del Interior de Camagüey como responsables de un “abandono total”.
Finalmente, en noviembre de 2023, tras 16 meses de espera, un tribunal de Camagüey condenó al padre de la menor por abuso lascivo. Maylen agradeció entonces el acompañamiento recibido y envió un mensaje a otros cubanos: “No permitan que las instituciones les nieguen sus derechos, no abandonen jamás una causa si la creen justa, y sobre todo cuiden a sus hijos porque lamentablemente los monstruos pueden estar en cualquier lado”.
El fallo, sin embargo, no borró el sufrimiento acumulado durante más de un año de lucha contra la impunidad.
Una lucha compartida por muchos
El caso de Maylen no es aislado. En los últimos meses, varios opositores y manifestantes cubanos han recibido respuestas similares de USCIS.
En julio, CiberCuba informó sobre el opositor Joel Pérez, quien también vio rechazada su solicitud de asilo a pesar de las pruebas de persecución presentadas.
En junio, la activista Salomé García Bacallao denunció el cierre masivo de cientos de casos, muchos sin llegar a audiencia judicial, lo que deja a los solicitantes únicamente con la opción de una entrevista de "miedo creíble".
Mientras tanto, grupos de cubanos bajo estatus I-220A han protagonizado protestas en Washington para reclamar soluciones migratorias y amparo frente a la represión que denunciaron en su país de origen.
La situación contrasta con algunos pocos casos de éxito, como el de una cubana que logró obtener asilo afirmativo en mayo. Sin embargo, la mayoría de los solicitantes se encuentran en un limbo legal que amenaza con devolverlos al mismo sistema represivo del que huyeron.
Una negativa que puede ser fatal
El drama de Maylen Díaz Delgado simboliza ese dilema. Para ella no existe la posibilidad de regresar a Cuba: lo repite con la misma firmeza con que levantó una bandera en Camagüey el 11 de julio de 2021 junto a su padre.
Hoy, su clamor se escucha desde Estados Unidos, donde insiste en que no busca privilegios, solo la oportunidad de vivir sin miedo. “Si me toca morir, al menos quiero una muerte digna”, concluyó en su mensaje, convertido ya en un grito desesperado dirigido a la nación que alguna vez fue el refugio de quienes escapaban del comunismo cubano.
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