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Cinco de las compañías contratadas por Florida para construir y operar el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, instalado en los Everglades, aparecen vinculadas a acusaciones de fraude, sobreprecios y malversación de fondos públicos, según reveló un reportaje del Miami Herald.
Las revelaciones llegan en un momento decisivo: apenas días después de que una jueza federal ordenara el cierre definitivo del campamento por daños ambientales “irreparables” y en medio de varias demandas por violaciones a los derechos de los migrantes retenidos en el lugar.
Empresas bajo la lupa
El reportaje señala a SLSCO, contratista texano que en 2019 ya había manejado más de 1,400 millones de dólares en contratos federales para la construcción del muro fronterizo. La empresa fue acusada de permitir el ingreso a EE.UU. de mexicanos armados sin estatus migratorio para trabajar como guardias en la obra, y más tarde se documentó que cobró tarifas infladas en refugios de Nueva York para solicitantes de asilo.
Junto a SLSCO aparece Garner Environmental Services, señalada por facturar servicios muy por encima de lo que pagaba la ciudad de Nueva York u otros contratistas en funciones equivalentes.
Otra de las empresas involucradas es IRG Global Emergency Management, que firmó contratos millonarios para transporte y servicios de emergencia en Alligator Alcatraz. Sus ejecutivos han sido relacionados con compañías demandadas por inflar reclamaciones de seguros tras huracanes en Florida, Texas y Luisiana, un caso que terminó en un acuerdo extrajudicial este año.
El conglomerado canadiense GardaWorld, encargado de apoyo logístico, también acumula denuncias: una investigación periodística reveló que sus camiones blindados estuvieron involucrados en decenas de accidentes fatales debido a fallas mecánicas y choferes mal entrenados.
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Finalmente, CDW Government, proveedor de equipos electrónicos para el centro, reconoció estar bajo investigación del Departamento de Justicia por presunto fraude en contratos federales. En 2013 ya había pagado 5,6 millones de dólares para resolver un caso similar por venta de productos fabricados en países prohibidos como China.
Ni la oficina de Ron DeSantis ni la División de Manejo de Emergencias de Florida respondieron sobre qué controles se aplicaron antes de adjudicar estos contratos. La única explicación oficial fue que los expedientes completos fueron retirados del portal público por contener “información propietaria”.
Un centro rodeado de polémicas
Las revelaciones sobre los contratistas refuerzan la imagen de un proyecto marcado por la opacidad y las denuncias desde su inauguración en julio de 2025.
Antes del fallo de la jueza Kathleen Williams, que ordenó desmantelar el campamento en un plazo máximo de 60 días, el recinto ya acumulaba batallas judiciales.
Una de ellas fue impulsada por abogados de derechos civiles, que denunciaron que los migrantes eran presionados a firmar órdenes de deportación sin acceso a representación legal. En audiencias previas se reportó que detenidos conversaban con sus defensores en videollamadas no confidenciales, bajo supervisión del personal.
Otro frente de litigio se abrió con las demandas ambientales de la tribu Miccosukee y organizaciones ecologistas, que lograron suspensiones temporales de la construcción al alegar que el centro violaba leyes federales y ponía en riesgo especies en peligro.
Los testimonios de migrantes y abogados describieron condiciones inhumanas: carpas sin ventilación, comida infestada de gusanos, baños colapsados, fallas eléctricas constantes y plagas de mosquitos, en un entorno de calor extremo.
Un modelo cuestionado
A pesar de estas denuncias, el gobernador DeSantis defendió el proyecto como parte de su estrategia de endurecimiento migratorio y llegó a anunciar un segundo centro en una base militar del norte de Florida. Tanto él como Donald Trump presentaron Alligator Alcatraz como modelo de referencia para futuras instalaciones.
Sin embargo, el cúmulo de fallos judiciales, denuncias de abusos y ahora las revelaciones sobre contratistas con historiales turbios, colocan en entredicho la gestión estatal del centro.
Para ambientalistas e indígenas, el cierre de Alligator Alcatraz es una victoria histórica. Para los defensores de derechos civiles, las acusaciones de fraude y corrupción contra las empresas muestran que la prisión no solo violaba leyes ambientales y humanitarias, sino que además alimentaba una red de negocios opacos en nombre de la seguridad migratoria.
El futuro inmediato apunta a una batalla legal prolongada en cortes federales, pero el desenlace político es claro: el proyecto que alguna vez fue exhibido como símbolo del control migratorio en Florida se ha convertido en un emblema de irregularidades, abusos y opacidad.
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