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Una jueza federal de Estados Unidos ha dictado uno de los fallos más significativos del año: el cierre definitivo del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, construido por la administración Trump en los humedales protegidos de los Everglades, al oeste de Miami.
La magistrada Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, ordenó el desmantelamiento completo del campamento en un plazo máximo de 60 días y prohibió la entrada de nuevos detenidos, alegando daños “irreparables” al ecosistema, según revelaron agencias de prensa.
La resolución judicial -de 82 páginas- responde a una demanda presentada por las organizaciones ambientalistas Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu originaria Miccosukee, quienes advirtieron que la instalación violaba normas ambientales básicas y ponía en peligro a más de 30 especies protegidas.
“Cada gobernador de Florida, cada senador de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, escribió la jueza Williams.
“Esta orden no hace más que hacer cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, añadió.
La orden: Sin nuevos detenidos, sin expansión, sin excepciones
El fallo judicial prohíbe expresamente el ingreso de más personas detenidas al lugar, salvo aquellas que ya estaban dentro al momento de la emisión de la orden.
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También veta cualquier tipo de expansión o intervención sobre el terreno: no se podrán instalar nuevas carpas, edificios, oficinas ni cercas, ni se permitirá pavimentar, excavar o modificar la infraestructura ya existente.
Pasados los 60 días de gracia, el gobierno estatal de Florida, que opera el centro en coordinación con agencias federales, deberá:
-Retirar todas las cercas perimetrales y permitir el acceso libre de la tribu Miccosukee.
-Desinstalar los generadores eléctricos, sistemas de gas, desechos y drenaje.
-Eliminar la iluminación industrial y otros componentes no naturales añadidos al entorno.
La jueza también dejó claro que se trata de una suspensión firme de la expansión, que reemplaza una orden preliminar emitida dos semanas antes, cuando ya se había prohibido temporalmente ampliar el campamento.
Un daño ambiental directo y cuantificable
Los Everglades son uno de los ecosistemas más sensibles y emblemáticos de Estados Unidos, hogar de especies únicas como la pantera de Florida, la cigüeña americana, el caimán del Mississipi y el cocodrilo americano, todas clasificadas como en peligro de extinción o vulnerables.
Según los informes periciales y testimonios de expertos presentados durante la audiencia, la construcción del centro supuso:
-La pavimentación de al menos 20 acres adicionales, que alteraron la capacidad del suelo para absorber agua.
-Aumento de la escorrentía de químicos y nutrientes hacia áreas protegidas.
-Daños al hábitat de fauna amenazada y migración forzada de especies.
-Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, testificó que el centro altera el equilibrio hídrico de la zona:
“La escorrentía de nutrientes del centro de detención podría fluir hacia las tierras tribales, alterando el crecimiento de la vegetación, afectando la fauna y obstaculizando el movimiento humano y animal”, aseveró.
Condiciones inhumanas para los migrantes
Aunque el fallo se basa en motivos ecológicos, las condiciones al interior del centro han sido igualmente motivo de alarma pública.
Diversas organizaciones, periodistas y miembros del Congreso reportaron graves violaciones a los derechos humanos dentro del centro.
En su momento de mayor ocupación, Alligator Alcatraz alojó a 1,400 migrantes, muchos de ellos en carpas sin ventilación ni servicios adecuados. Los testimonios de detenidos y abogados coincidieron en:
-Comida infestada de gusanos y baños colapsados.
-Presencia masiva de mosquitos e insectos.
-Fallas eléctricas constantes en un entorno de temperaturas extremas.
-Detenidos pasando días sin acceso a duchas, medicinas o asistencia legal.
“Los inodoros no funcionaban, había aguas residuales en el piso y la comida estaba podrida”, declaró uno de los testimonios recogidos durante la audiencia.
La jueza recordó que ya en los años 60 se rechazó un megaproyecto de aeropuerto turístico en ese mismo terreno por el impacto que tendría sobre los Everglades.
“Lo que resultaba inviable hace más de 50 años por su impacto ambiental, no puede considerarse adecuado ahora como sitio para una instalación de este tipo”, concluyó Williams.
Contexto político: Trump, DeSantis y la resistencia judicial
El centro de detención fue impulsado directamente por el presidente Donald Trump, quien visitó el sitio semanas antes de su apertura y lo presentó como un modelo nacional.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo respaldó públicamente como parte de una política de endurecimiento migratorio, y ya ha anunciado la apertura de un segundo centro en una prisión abandonada cerca de Gainesville.
La operación del centro está a cargo del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, pero en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A pesar de ello, los abogados del estado alegaron durante el juicio que las leyes federales ambientales no se aplicaban, ya que “el centro era una obra estatal para alojar detenidos federales”.
La jueza Williams desestimó este argumento y reafirmó la jurisdicción federal sobre el caso. Esto ha desatado una reacción política.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, y el propio DeSantis han puesto en duda la imparcialidad de la jueza, alegando que fue nombrada por el expresidente Barack Obama.
“Parece que el mismo estado entiende que le podrían ordenar cerrar esto, ya sea esta semana, la próxima o en el futuro”, dijo el congresista demócrata Maxwell Frost, tras visitar el centro y confirmar que el número de detenidos había disminuido a solo 336.
Una victoria ambiental con impacto legal duradero
El fallo representa una victoria sin precedentes para las organizaciones ambientalistas y las comunidades indígenas que llevan décadas luchando por la protección de los Everglades.
“Este es un triunfo histórico para los Everglades y para incontables estadounidenses que creen que este ecosistema en peligro debe ser protegido, no explotado”, dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
“Envía un mensaje claro de que las leyes ambientales deben ser respetadas por los líderes en los niveles más altos de nuestro gobierno, y que hay consecuencias por ignorarlas”, añadió.
Los demandantes también recordaron que el centro se construyó sin estudios de impacto ambiental, sin evaluación de riesgos, ni procesos de consulta pública, en clara violación de la ley federal.
¿Qué sigue?
Aunque la jueza Williams ha dado un plazo de dos meses, las autoridades ya comenzaron a trasladar migrantes a otros centros. No obstante, se espera que el estado de Florida apele la decisión, prolongando la batalla en cortes federales.
Mientras tanto, la presión sobre las agencias federales como ICE y el DHS crece.
A pesar de operar indirectamente el centro, hasta ahora no han emitido declaraciones oficiales sobre el cierre. El silencio sugiere cautela ante el revés judicial y la tensión política que ha generado.
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