Un juez federal en Miami evaluaría este lunes si las condiciones en el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, en el sur de Florida, constituyen una violación de derechos al restringir el acceso legal de los detenidos.
Según la agencia AP, el caso forma parte de una demanda presentada por abogados de derechos civiles, quienes aseguran que los migrantes retenidos en la instalación no han tenido reuniones privadas con sus representantes legales, como exige la ley.
También denuncian que oficiales presionan a los detenidos para firmar órdenes de deportación voluntaria antes de hablar con un abogado.
Los demandantes solicitan al juez Rodolfo Ruiz que ordene una medida cautelar para garantizar el acceso legal y que además determine qué tribunal de inmigración tiene jurisdicción sobre el campamento.
En repetidas ocasiones, audiencias de estos migrantes han sido canceladas por jueces que alegan no tener competencia, lo que deja a los detenidos en un limbo jurídico.
La defensa de los migrantes sostiene que algunos han sido deportados sin que existiera orden final de expulsión, lo que califican como una práctica inconstitucional, subrayó AP.
El expediente judicial recoge incluso casos en los que se habría manipulado a personas con discapacidad para que firmaran documentos sin comprender sus consecuencias.
El centro, construido en una pista aislada en los Everglades, ha sido objeto de controversia desde su apertura en julio.
Las autoridades estadounidenses lo justifican como parte de un plan para reforzar la lucha contra el narcotráfico y aumentar la capacidad de detención de inmigrantes.
Sin embargo, activistas y abogados sostienen que se trata de un montaje político que vulnera derechos básicos.
La audiencia de este lunes se centraría también en una disputa sobre la jurisdicción: mientras el gobierno sostiene que el caso corresponde al distrito medio de Florida, los demandantes insisten en que debe permanecer en el distrito sur, dado que el terreno pertenece al condado de Miami-Dade.
El juez Ruiz adelantó que antes de decidir sobre medidas cautelares escuchará a ambas partes sobre la cuestión de jurisdicción, aunque prometió una decisión rápida.
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