El estado de Florida vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Una nueva demanda federal, presentada por organizaciones de derechos civiles y migratorios, cuestiona directamente la legalidad de la operación del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades.
La acción, revelada por Telemundo 51, representa el tercer desafío legal de peso contra la instalación, impulsada por el gobernador Ron DeSantis como parte de su estrategia de endurecimiento migratorio.
La querella fue interpuesta en el Tribunal del Distrito Medio de Florida por la ACLU, la ACLU de Florida, el Community Justice Project y el National Immigrant Justice Center.
El documento judicial sostiene que el estado carece de autoridad para administrar un centro de detención migratoria bajo acuerdos 287(g), que solo permiten a policías estatales recibir capacitación federal para colaborar en tareas migratorias, pero no autorizan a los estados a retener personas durante un proceso de deportación.
Los demandantes argumentan que el campamento -apodado Alligator Alcatraz por los propios funcionarios estatales- opera al margen de las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la demanda, allí se producen violaciones sistemáticas a los derechos de los detenidos, entre ellas retenciones sin cargos formales, ausencia de audiencias de custodia o fianza, exclusión del sistema oficial de localización de detenidos y severos obstáculos para acceder a abogados o comparecer ante tribunales migratorios.
La acción fue presentada en nombre de un detenido identificado como M. A., aunque las organizaciones impulsoras buscan que se certifique como una demanda colectiva, lo que permitiría representar a todos los inmigrantes retenidos en el lugar.
Los demandantes solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar que obligue al estado a suspender de inmediato las detenciones en la instalación y que se declare oficialmente que Florida no tiene autoridad legal para operar ese centro.
"En los treinta años desde que se promulgó la Sección 1357(g), ningún estado ha reclamado autoridad para administrar centros de detención. Florida es el primero en intentarlo, y lo ha hecho sin supervisión, sin personal entrenado y delegando funciones migratorias en contratistas privados. Eso es exactamente lo que el Congreso intentó evitar", señala la querella.
Antecedentes de un centro bajo fuego judicial
Esta nueva demanda se suma a otras dos batallas legales previas.
La primera fue liderada por abogados de derechos civiles, que denunciaron presiones a los migrantes para firmar órdenes de deportación sin acceso a representación legal, además de graves limitaciones para comunicarse con sus defensores.
La segunda llegó de la mano de la tribu Miccosukee y de grupos ecologistas, que interpusieron demandas ambientales alegando violaciones de leyes federales y daños irreparables a especies en peligro en los Everglades.
Apenas unos días atrás, la jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre definitivo del lugar al considerar que su construcción había generado daños ambientales irreversibles. El fallo obliga a desmantelar las instalaciones en un plazo máximo de 60 días, aunque el estado ya anunció que apelará.
A estas controversias se suman revelaciones del Miami Herald sobre los contratistas vinculados al proyecto. Cinco de las compañías contratadas por Florida para construir y operar Alligator Alcatraz arrastran historiales de fraude, sobreprecios y malversación de fondos públicos.
Entre ellas figura SLSCO, investigada por emplear a guardias armados sin estatus legal durante la construcción del muro fronterizo y por cobrar tarifas infladas en refugios para solicitantes de asilo en Nueva York.
También aparecen Garner Environmental Services, acusada de facturación abusiva; IRG Global Emergency Management, vinculada a reclamaciones fraudulentas tras huracanes; y el conglomerado canadiense GardaWorld, responsable de decenas de accidentes fatales con sus camiones blindados.
Incluso CDW Government, proveedor de equipos electrónicos para el centro, reconoció estar bajo investigación federal por presunto fraude en contratos públicos, tras haber pagado en 2013 más de cinco millones de dólares para cerrar un caso similar.
Un modelo en entredicho
Desde su inauguración en julio de 2025, Alligator Alcatraz ha sido presentado por DeSantis y Donald Trump como un modelo para replicar en futuras instalaciones migratorias.
Sin embargo, los testimonios de detenidos y abogados dibujan un panorama radicalmente distinto: condiciones inhumanas, carpas sin ventilación, baños colapsados, comida infestada de gusanos, cortes eléctricos constantes y plagas de mosquitos en pleno calor del pantano.
Lejos de consolidarse como símbolo de "control migratorio eficiente", el centro se ha convertido en emblema de abusos, opacidad y mala gestión.
Para ambientalistas e indígenas, el cierre ordenado por la jueza Williams constituye una victoria histórica.
Para los defensores de derechos civiles, la nueva demanda es una oportunidad de establecer un precedente que frene futuros intentos estatales de administrar prisiones migratorias al margen de la ley federal.
El futuro de Alligator Alcatraz parece ya sentenciado en los tribunales.
Lo que está en juego ahora no es solo la clausura de un centro polémico, sino también el debate nacional sobre los límites de la autoridad estatal en materia migratoria y el costo humano, ambiental y financiero de las políticas de deportación masiva.
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