El futuro del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, construido en los Everglades de Florida, ha quedado en entredicho tras una decisión judicial que ordena su cierre en un plazo de 60 días.
La jueza federal Kathleen Williams consideró que la instalación fue levantada sin los estudios ambientales exigidos por ley, lo que supone un riesgo para los ecosistemas y los recursos hídricos del estado.
Recalcó que Florida nunca justificó por qué era necesario instalar un centro de detención en medio de humedales protegidos, ignorando advertencias de ecologistas y de la tribu Miccosukee, que demandaron al estado por los daños ocasionados.
¿Qué sucederá con los detenidos?
La orden judicial establece que los detenidos deberán ser trasladados a otras instalaciones antes del desmantelamiento.
Entre las opciones figuran centros federales en Florida como Krome North, Broward y Baker, aunque también podrían ser enviados fuera del estado.
El gobernador Ron DeSantis, por su parte, ha adelantado la apertura de un nuevo centro denominado Depósito de Deportación, en una prisión estatal cercana a Jacksonville, con capacidad inicial para 1.300 camas.
Pero el fallo de Williams no es definitivo.
La fiscalía del estado, encabezada por James Uthmeier, ya presentó una apelación y solicitó suspender la orden de cierre.
"Seguiremos operando las instalaciones. Este es un esfuerzo de ambientalistas y demócratas para obstaculizar nuestras políticas migratorias", afirmó Uthmeier, quien defendió la legalidad de la prisión improvisada.
El propio DeSantis calificó a Williams como "una jueza activista" y prometió resistir la decisión.
Otros líderes locales como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebraron la decisión judicial.
"La instalación amenaza nuestros preciosos Everglades y nuestra agua potable. El estado ignoró reiteradas advertencias de este condado", señaló.
Qué sucederá con los cientos de millones de dólares en contratos
El aspecto financiero del proyecto tampoco está claro.
En julio, la administración de DeSantis firmó contratos por al menos 245 millones de dólares con compañías privadas para levantar y operar el centro, en un plan que podría costar hasta 450 millones anuales a los contribuyentes.
A ello se suma que cinco de las empresas implicadas han sido señaladas por fraude, sobreprecios y prácticas cuestionables en contratos previos, entre ellas SLSCO, Garner Environmental Services, GardaWorld y CDW Government.
Nuevas demandas contra la instalación
La resolución de la jueza responde a una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu originaria Miccosukee, quienes advirtieron que la instalación violaba normas ambientales básicas y ponía en peligro a más de 30 especies protegidas.
Pero Alligator Alcatraz no solo enfrenta cuestionamientos ambientales, sino graves denuncias de derechos humanos.
Una demanda, presentada el viernes pasado por organizaciones de derechos civiles, apunta a que Florida no tiene autoridad legal para administrar centros de detención bajo acuerdos 287(g), que solo permiten capacitar a policías estatales para colaborar con ICE, pero no para retener migrantes por cuenta propia.
"En los treinta años desde que se promulgó la Sección 1357(g), ningún estado ha reclamado autoridad para administrar centros de detención. Florida es el primero en intentarlo, y lo ha hecho sin supervisión, sin personal entrenado y delegando funciones migratorias en contratistas privados", señala la querella.
Otra demanda federal sostiene que los migrantes en Alligator Alcatraz enfrentan violaciones sistemáticas: retenciones sin cargos formales, ausencia de audiencias de custodia, impedimentos para contactar abogados y exclusión del sistema oficial de ICE.
Las condiciones dentro del centro también han sido duramente criticadas. Testimonios de migrantes describen carpas sin ventilación, baños colapsados, cortes de electricidad, plagas de mosquitos y comida infestada de gusanos.
No es una decisión definitiva
El futuro del centro sigue en manos de los tribunales.
La orden de la jueza federal Kathleen Williams no es una decisión definitiva, sino una medida temporal para evitar posibles perjuicios mientras las demandas presentadas siguen su curso.
Para ambientalistas e indígenas, el fallo supone una victoria histórica. Para defensores de los migrantes, es una oportunidad para sentar un precedente que limite los intentos estatales de operar prisiones migratorias fuera de la órbita federal.
En contraste con la narrativa oficial que lo presentaba como modelo de eficiencia, Alligator Alcatraz se ha convertido en símbolo de improvisación, abusos y mala gestión.
Lo que está en juego no es solo el destino del centro, sino también el alcance de la autoridad estatal en materia migratoria, el respeto a los ecosistemas de Florida y el costo humano y económico de políticas de deportación masiva.
Vídeos relacionados:
Archivado en: