Un juez federal bloqueó temporalmente la ampliación de la política de “expulsión acelerada” de la administración Trump, para impedir que inmigrantes indocumentados detenidos lejos de la frontera fueran deportados sin audiencia judicial, lo que supone un fuerte revés para los planes de deportación masiva.
La jueza Jia M. Cobb, del distrito de Washington D.C., consideró que esta práctica no garantizaba los derechos procesales mínimos de los migrantes que llevan hasta dos años en el país.
En su dictamen, recalcó que el Gobierno no puede asumir que quienes ingresaron ilegalmente carecen de toda protección constitucional bajo la Quinta Enmienda.
¿Qué son las detenciones expeditas?
Son un procedimiento de “expulsión acelerada” creado en 1996 que permite deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados sin audiencia judicial, salvo que pidan asilo y demuestren temor creíble de persecución.
¿Qué intentaba hacer la administración Trump?
Ampliar la aplicación de la expulsión acelerada a todo EE.UU., para incluir a migrantes que llevaran hasta dos años dentro del país, no solo a los detenidos cerca de la frontera con menos de 14 días de estancia.
¿Qué decidió la jueza federal Jia M. Cobb?
Bloqueó temporalmente la medida, argumentando que el gobierno no puede negar el debido proceso a migrantes que ya viven en el país. Señaló que la expansión creaba un “riesgo significativo de expulsión errónea” y que la Quinta Enmienda protege también a los no ciudadanos.
¿Quién presentó la demanda?
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de la organización Make the Road New York, que defiende los derechos de inmigrantes.
¿Qué significa este fallo para los migrantes?
- No podrán ser deportados inmediatamente bajo la política de Trump si han vivido hasta dos años en EE.UU.
- Ganan derecho a audiencias judiciales antes de cualquier deportación.
- Se limitan los planes de deportaciones masivas prometidos por Trump.
¿Qué impacto tiene en la política migratoria de Trump?
El freno judicial supone un revés significativo para su agenda, que contemplaba la mayor operación de deportación interna en la historia de EE.UU., con la meta de expulsar a un millón de inmigrantes en su primer año de mandato.
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