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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió con firmeza la continuidad de las operaciones migratorias estatales tras conocerse que el controvertido centro de detención para inmigrantes en los Everglades -popularmente conocido como “Alligator Alcatraz”- podría quedar vacío en cuestión de días.
En declaraciones ofrecidas este miércoles en Orlando, DeSantis aseguró que su administración seguirá apostando por la detención y deportación de inmigrantes como parte de un esfuerzo estatal complementario al del gobierno federal.
“Nuestra función es proporcionar más espacio para el procesamiento, la detención y la deportación. El DHS determina quién entra y quién sale de esas instalaciones”, afirmó el gobernador, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional.
Pese a la orden de una jueza federal que obliga al cierre del centro en un plazo de 60 días, DeSantis subrayó que el estado de Florida continuará su misión.
“Estamos ahí para ser un multiplicador de fuerza en todo eso, y seguiremos haciéndolo; creo que es una misión importante”, sostuvo.
El gobernador insistió en que la necesidad de infraestructuras como “Alligator Alcatraz” sigue siendo alta.
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“La necesidad sigue siendo muy fuerte”, apuntó.
Recordó, además, recordando que el estado construye actualmente un segundo centro de detención en el condado de Baker, apodado “Deportation Depot”, con capacidad para 1,300 personas.
Esta instalación se sumaría a la ya existente en los Everglades, que fue diseñada para albergar hasta 3,000 detenidos.
Un accidente como justificación de la política migratoria
Durante su intervención, DeSantis también utilizó un caso reciente para reforzar su discurso de mano dura con la inmigración.
Relató el incidente de un conductor procedente de la India, quien, según dijo, ingresó ilegalmente al país, obtuvo una licencia comercial en el estado de Washington sin hablar inglés, y posteriormente causó un accidente mortal en Florida.
“Ese individuo no tenía la preparación adecuada para conducir un camión. Eso es lo que ocurre cuando no hay controles”, afirmó.
DeSantis anunció que su administración trabaja para extraditar al conductor y enjuiciarlo en Florida, insistiendo en que su objetivo es “proteger a la gente” frente a lo que describió como fallas de la política migratoria federal.
Mientras DeSantis promete más centros, Alligator Alcatraz se vacía
Las palabras del gobernador contrastan con los hechos que se desarrollan en paralelo.
Según reveló la agencia AP, un alto funcionario estatal afirmó por correo electrónico que el centro “probablemente quedará vacío en pocos días”.
El mensaje fue enviado el 22 de agosto por Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, en respuesta a una solicitud relacionada con servicios religiosos para los detenidos.
Esto ocurre justo después de que la jueza federal Kathleen Williams ordenara el desmantelamiento del centro.
La decisión judicial respondió a una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee, que denunciaron la violación de leyes de protección ambiental por la construcción del centro en plena zona protegida de los Everglades.
Aunque el estado de Florida y el gobierno federal han apelado la decisión, y han solicitado una suspensión temporal de la orden de cierre, el número de detenidos ha caído drásticamente.
De los cerca de 1,000 que albergó en su momento, quedaban entre 300 y 350 la semana pasada, según el congresista demócrata Maxwell Frost.
Algunos han sido deportados; otros, transferidos a centros alternativos.
Demandas por condiciones infrahumanas
A las presiones judiciales y ambientales se suman tres demandas por parte de organizaciones de derechos civiles que describen condiciones deplorables en “Alligator Alcatraz”:
Entre ellas figuran alimentos con gusanos, inodoros inservibles, suelos anegados con aguas negras, presencia constante de insectos y detenidos sin cargos y fuera del sistema de localización pública de ICE.
Los abogados aseguran que estos problemas representan una anomalía dentro del propio sistema migratorio estadounidense, y denuncian la opacidad de la operación estatal desde su apertura oficial el 1 de julio, apenas dos meses atrás.
¿Un centro necesario o un símbolo fallido?
Mientras el gobernador DeSantis insiste en ampliar la infraestructura de detención, su administración enfrenta un revés judicial, presión social y una aparente contradicción entre el discurso político y las decisiones logísticas ya en curso.
“Si fuera tan difícil, en gran medida no lo habrían logrado ya”, cuestionó Elise Pautler Bennett, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, al referirse a la rapidez con la que se ha vaciado el centro.
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