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Una jueza federal de Washington D.C., Jia M. Cobb, bloqueó de manera temporal la expansión de las llamadas deportaciones aceleradas que la administración de Donald Trump buscaba aplicar a inmigrantes indocumentados detenidos lejos de la frontera.
El fallo, de 48 páginas, constituye un revés significativo para los planes de deportaciones masivas impulsados por el presidente y subraya que el gobierno no puede pasar por alto el debido proceso que protege a toda persona bajo la Constitución estadounidense.
Cobb fue tajante al cuestionar el argumento del gobierno, que defendía la práctica alegando que quienes entraron al país de manera ilegal carecían de derechos bajo la Quinta Enmienda, la cual recoge el derecho a un proceso legal justo.
Para la jueza, esa interpretación es "sorprendente y peligrosa", pues, de aceptarse, no solo dejaría a los migrantes sin protección, sino que sentaría un precedente que "pondría en riesgo a todos"
"El gobierno presenta un argumento realmente sorprendente: que quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier indulgencia que el Congreso les conceda. Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino todo el mundo estaría en peligro", afirmó Cobb en el documento.
Una política controvertida y su alcance
En enero, Trump reactivó la "expulsión inmediata" de indocumentados, un mecanismo que ya había utilizado en su primer mandato.
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La política, conocida como "expulsión expedita", otorgó a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más poder para deportar sin audiencia judicial a inmigrantes que no pudieran demostrar al menos dos años de presencia continua en Estados Unidos.
Tradicionalmente, el procedimiento se había limitado a personas detenidas a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevaran menos de 14 días en el país.
El nuevo alcance que pretendía la Casa Blanca permitía aplicar esta vía rápida en todo el territorio nacional, exponiendo a la expulsión inmediata a un número mucho mayor de personas.
Para la jueza Cobb, esta ampliación generaba un "riesgo intolerable" de deportaciones erróneas, especialmente en el caso de inmigrantes con larga permanencia en el país.
La denuncia de organizaciones civiles
El caso llegó a los tribunales tras una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Make the Road New York, una organización defensora de los inmigrantes.
Ambos colectivos argumentaron que la expansión de las deportaciones exprés violaba no solo la Quinta Enmienda, sino también la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La jueza les dio la razón en un punto clave: el gobierno no puede aplicar un procedimiento sumario y prácticamente sin garantías a personas que llevan años viviendo dentro del país, ya que ello elimina cualquier posibilidad real de defensa y convierte el proceso en un trámite automático.
Impacto sobre los planes de Trump
El freno judicial complica los planes del presidente, quien ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación interna de la historia con la meta de expulsar a un millón de inmigrantes en un año.
La posibilidad de aplicar expulsiones rápidas sin audiencia era vista como una pieza esencial para ejecutar ese proyecto, reduciendo tiempos y costos.
Sin embargo, el fallo limita al gobierno a usar la política únicamente en los casos ya establecidos por décadas: migrantes detenidos en la frontera o en sus inmediaciones y con muy poco tiempo en territorio estadounidense.
Antecedentes de la política
El mecanismo de deportación acelerada fue introducido en 1996 con el objetivo de reforzar el control fronterizo.
Bajo ese esquema, los migrantes podían alegar temor de persecución en sus países de origen para solicitar asilo, pero si un funcionario de inmigración rechazaba la petición, la revisión era mínima y no garantizaba un examen exhaustivo de su caso.
Trump ya intentó expandir este recurso en su primer mandato, aunque enfrentó bloqueos judiciales. En octubre de 2020 logró implementarlo, aunque en sus últimos meses de gestión solo se deportó bajo este esquema a 17 personas, según cifras del Instituto de Política Migratoria.
Con la llegada de Joe Biden en enero de 2021, la medida fue cancelada.
La magistrada afirma que no cuestiona la constitucionalidad de las deportaciones rápidas, que se aplican a los inmigrantes detenidos cerca de la frontera sur y con pocos días en el país, sino su expansión.
"Al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el gobierno debe garantizar un debido proceso", indica el dictamen.
Recientemente, Cobb también detuvo intentos de la administración republicana de acelerar la expulsión de inmigrantes que habían recibido permisos de entrada temporal, advirtiendo sobre los riesgos de violaciones masivas de derechos.
El debate de fondo
El fallo vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre la agenda migratoria restrictiva de Trump y las garantías constitucionales que protegen a toda persona en territorio estadounidense, sin importar su estatus legal.
Para los defensores de los inmigrantes, la decisión judicial reafirma que no se puede sacrificar el debido proceso en nombre de la eficiencia.
"El gobierno está pisoteando los derechos básicos de los migrantes al expandir una política que prácticamente los priva de toda defensa", advirtió la ACLU tras conocerse el dictamen.
Por ahora, la batalla judicial continúa, pero la decisión de Cobb envía una señal clara: la promesa de deportaciones masivas choca de frente con los principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el bloqueo a las deportaciones exprés en EE.UU.
¿Qué implica el fallo de la jueza Jia M. Cobb sobre las deportaciones exprés?
El fallo bloquea temporalmente la expansión de las deportaciones aceleradas que la administración de Donald Trump buscaba aplicar a inmigrantes indocumentados detenidos lejos de la frontera. La jueza Cobb argumentó que esta práctica viola el debido proceso garantizado por la Constitución de EE.UU.
¿Por qué es controvertida la política de deportaciones aceleradas de Trump?
La política de "expulsión expedita" permite a los funcionarios de ICE deportar a inmigrantes sin audiencia judicial si no pueden demostrar al menos dos años de presencia continua en EE.UU. Esto genera un "riesgo intolerable" de deportaciones erróneas, especialmente para aquellos con larga permanencia en el país, y viola el derecho a un proceso justo.
¿Cuál es el impacto del fallo judicial en los planes migratorios de Trump?
El fallo judicial complica los planes de deportación masiva del presidente Trump, quien había prometido expulsar a un millón de inmigrantes en un año. La posibilidad de aplicar expulsiones rápidas sin audiencia se consideraba fundamental para cumplir con este objetivo, pero ahora el gobierno está limitado a utilizar la política en casos ya establecidos por décadas.
¿Qué organizaciones han apoyado la demanda contra la expansión de las deportaciones exprés?
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Make the Road New York, una organización defensora de los inmigrantes. Ambas organizaciones argumentaron que la expansión violaba la Quinta Enmienda, así como la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
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