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Un movimiento ciudadano crece en varias ciudades de Estados Unidos a la par del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump: activistas que rastrean en tiempo real las operaciones de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) para advertir a las comunidades latinas sobre redadas y arrestos.
Aunque la Casa Blanca amenaza con procesarlos, especialistas legales sostienen que esta vigilancia está amparada por la Constitución.
En Los Ángeles, Francisco "Chavo" Romero y un grupo de activistas se reúnen al amanecer cerca de una zona de concentración de ICE. Desde ahí siguen a los agentes en vehículos oficiales y no oficiales, y envían alertas a través de redes sociales.
"Con recursos mínimos hemos podido enfrentar, desafiar y exponer a un aparato estatal de miles de millones de dólares que secuestra a nuestra gente", dijo a Reuters Romero, del grupo Unión del Barrio, de derechos de los inmigrantes.
No es un fenómeno aislado.
En Austin, Texas, un trabajador tecnológico creó ICEBlock, una aplicación que permite reportar avistamientos de agentes y ya supera el millón de usuarios. En Long Island, Nueva York, un hijo de inmigrantes fundó un grupo que opera una aplicación similar, utilizada por unas 80,000 personas.
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En ambos casos, los reportes son verificados antes de difundir alertas comunitarias.
La vigilancia ciudadana crece al mismo tiempo que Trump asegura un presupuesto de 75,000 millones de dólares para ICE hasta 2029, con la meta de multiplicar las deportaciones.
Sus funcionarios insisten en que quienes rastrean y alertan sobre los operativos están "ayudando a delincuentes".
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró a Reuters que "interferir con las fuerzas del orden federales es un delito" y que quienes usen estas aplicaciones para "cometer delitos" serán procesados.
Por otra parte, expertos legales consultados por Reuters afirman lo contrario: grabar o seguir a funcionarios públicos en espacios abiertos es legal, pero -precisan- siempre que no interfieran en su labor.
"Si los activistas graban a ICE y revelan a la gente dónde están con la intención de que eviten a ICE (...), ahí es donde la situación se pone potencialmente peligrosa", explicó Sophia Cope, abogada de la Fundación Frontera Electrónica.
Aun así, funcionarios de la administración Trump lanzan advertencias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que trabaja con el Departamento de Justicia para analizar posibles cargos contra el autor de ICEBlock y los creadores de aplicaciones similares.
"Si obstruyen o agreden a nuestras fuerzas del orden, los perseguiremos y serán procesados...", declaró Noem a Reuters.
Mientras tanto, en varias comunidades, las aplicaciones se han convertido en herramientas de defensa cotidiana.
Ahmad Pérez, el activista de Long Island, explica que su proyecto busca proteger a familias inocentes.
"Todos queremos que los pandilleros salgan de nuestras comunidades, pero ICE está deteniendo a personas sin antecedentes, a veces ciudadanos, y expulsándolos como si fueran paquetes de mensajería", cuestionó.
El fenómeno revela la brecha entre un gobierno que invierte miles de millones en deportaciones masivas y ciudadanos que, con recursos mínimos, buscan proteger a sus vecinos.
Para muchos, el intento de criminalizar esta vigilancia civil no es más que otro frente en la política de miedo que caracteriza al trumpismo: un Estado con poder casi ilimitado que se siente amenazado por ciudadanos armados únicamente con celulares y aplicaciones.
Preguntas frecuentes sobre las redadas de ICE y la app ICEBlock
¿Qué es ICEBlock y cómo funciona?
ICEBlock es una aplicación móvil diseñada para alertar a los usuarios sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de su ubicación. Permite reportar avistamientos en tiempo real, y los reportes se eliminan automáticamente tras cuatro horas para asegurar la actualización constante de la información. La app busca proteger a las comunidades migrantes de encuentros no deseados con las autoridades migratorias.
¿Es legal seguir y alertar sobre las operaciones de ICE?
Sí, según expertos legales, grabar o seguir a funcionarios públicos en espacios abiertos es legal siempre y cuando no se interfiera directamente con su labor, lo que está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Trump amenaza con procesar a quienes interfieran físicamente en los operativos.
¿Cuál es la postura del gobierno de Trump sobre las aplicaciones que alertan sobre ICE?
La administración Trump considera que estas aplicaciones están "ayudando a delincuentes" y ha lanzado advertencias contra los desarrolladores y usuarios de estas herramientas, argumentando que interfieren con la aplicación de la ley. A pesar de esto, expertos legales sostienen que la vigilancia ciudadana está amparada por la Constitución.
¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a las comunidades latinas en EE. UU.?
La política migratoria de Trump ha generado un clima de pánico y ansiedad entre las comunidades latinas, afectando su vida diaria y la economía de negocios que dependen de trabajadores inmigrantes. Las redadas y deportaciones masivas han llevado a muchas personas a evitar salir de sus casas, afectando sectores clave como la agricultura y la atención sanitaria.
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