Un movimiento ciudadano crece en varias ciudades de Estados Unidos a la par del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump: activistas que rastrean en tiempo real las operaciones de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) para advertir a las comunidades latinas sobre redadas y arrestos.
Aunque la Casa Blanca amenaza con procesarlos, especialistas legales sostienen que esta vigilancia está amparada por la Constitución.
En Los Ángeles, Francisco "Chavo" Romero y un grupo de activistas se reúnen al amanecer cerca de una zona de concentración de ICE. Desde ahí siguen a los agentes en vehículos oficiales y no oficiales, y envían alertas a través de redes sociales.
"Con recursos mínimos hemos podido enfrentar, desafiar y exponer a un aparato estatal de miles de millones de dólares que secuestra a nuestra gente", dijo a Reuters Romero, del grupo Unión del Barrio, de derechos de los inmigrantes.
No es un fenómeno aislado.
En Austin, Texas, un trabajador tecnológico creó ICEBlock, una aplicación que permite reportar avistamientos de agentes y ya supera el millón de usuarios. En Long Island, Nueva York, un hijo de inmigrantes fundó un grupo que opera una aplicación similar, utilizada por unas 80,000 personas.
En ambos casos, los reportes son verificados antes de difundir alertas comunitarias.
La vigilancia ciudadana crece al mismo tiempo que Trump asegura un presupuesto de 75,000 millones de dólares para ICE hasta 2029, con la meta de multiplicar las deportaciones.
Sus funcionarios insisten en que quienes rastrean y alertan sobre los operativos están "ayudando a delincuentes".
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró a Reuters que "interferir con las fuerzas del orden federales es un delito" y que quienes usen estas aplicaciones para "cometer delitos" serán procesados.
Por otra parte, expertos legales consultados por Reuters afirman lo contrario: grabar o seguir a funcionarios públicos en espacios abiertos es legal, pero -precisan- siempre que no interfieran en su labor.
"Si los activistas graban a ICE y revelan a la gente dónde están con la intención de que eviten a ICE (...), ahí es donde la situación se pone potencialmente peligrosa", explicó Sophia Cope, abogada de la Fundación Frontera Electrónica.
Aun así, funcionarios de la administración Trump lanzan advertencias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que trabaja con el Departamento de Justicia para analizar posibles cargos contra el autor de ICEBlock y los creadores de aplicaciones similares.
"Si obstruyen o agreden a nuestras fuerzas del orden, los perseguiremos y serán procesados...", declaró Noem a Reuters.
Mientras tanto, en varias comunidades, las aplicaciones se han convertido en herramientas de defensa cotidiana.
Ahmad Pérez, el activista de Long Island, explica que su proyecto busca proteger a familias inocentes.
"Todos queremos que los pandilleros salgan de nuestras comunidades, pero ICE está deteniendo a personas sin antecedentes, a veces ciudadanos, y expulsándolos como si fueran paquetes de mensajería", cuestionó.
El fenómeno revela la brecha entre un gobierno que invierte miles de millones en deportaciones masivas y ciudadanos que, con recursos mínimos, buscan proteger a sus vecinos.
Para muchos, el intento de criminalizar esta vigilancia civil no es más que otro frente en la política de miedo que caracteriza al trumpismo: un Estado con poder casi ilimitado que se siente amenazado por ciudadanos armados únicamente con celulares y aplicaciones.
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