El gobierno de Florida abrió esta semana un nuevo centro de detención de inmigrantes, bautizado como “Deportation Depot”, en las instalaciones de la antigua Institución Correccional de Baker, situada en Sanderson, a unos 70 kilómetros al oeste de Jacksonville.
El centro, que ya alberga a 117 personas desde el martes, tiene capacidad inicial para 1,500 detenidos, aunque las autoridades indicaron que podría ampliarse hasta 2,000 camas.
El gobernador Ron DeSantis aseguró durante una conferencia de prensa que “hay demanda” y que está “convencido de que se llenará”.
Una prisión reactivada con fines migratorios
El centro penitenciario, cerrado desde 2021 por falta de personal y disminución de la población reclusa, fue adaptado en apenas unas semanas para convertirse en centro de detención migratoria. Según DeSantis, “había una parte enorme del centro que estaba desocupada. Fue una oportunidad lista para ser usada”.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, en declaraciones a Fox News, destacó que la reutilización de esta prisión supone un ahorro significativo para el estado: “Usaremos todos los espacios disponibles. Lo llenaremos rápido y lo pondremos a buen uso”.
La reconversión del centro tuvo un costo estimado de seis millones de dólares, muy por debajo de los más de 245 millones destinados al primer centro migratorio del estado, conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades.
Reacciones y contexto legal
La apertura del “Deportation Depot” ocurre después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la orden de una jueza que pretendía cerrar “Alligator Alcatraz”.
La magistrada Kathleen Williams había dispuesto el desmantelamiento del centro, tras una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee, que denunciaban violaciones a la ley federal por falta de revisión ambiental en un área de humedales protegidos.
Sin embargo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones en Atlanta votó 2-1 para bloquear esa orden, permitiendo que el centro en los Everglades continúe operando mientras se resuelve el litigio.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que estos centros de detención formarán parte de una red estatal que contará con financiamiento federal.
En julio, la Casa Blanca anunció una inversión de 608 millones de dólares para ampliar la infraestructura de los centros de detención migratoria a nivel nacional.
Denuncias y preocupaciones
La expansión del sistema ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, especialmente por las condiciones reportadas en “Alligator Alcatraz”, donde abogados han denunciado inundaciones, presiones a los detenidos para firmar órdenes de deportación sin consultar con letrados, y falta de acceso a servicios básicos.
DeSantis aseguró que el nuevo centro contará con los mismos servicios, pero no se han detallado mecanismos de supervisión ni garantías de representación legal para los inmigrantes allí recluidos.
El centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, continuará abierto después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueó este jueves la orden de cierre dictada por una jueza en Miami.
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