El centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, levantado en los Everglades de Florida, podría convertirse en uno de los proyectos más costosos y efímeros de la historia reciente del estado. A menos de dos meses de su apertura, enfrenta una orden judicial de cierre que pondría en riesgo 218 millones de dólares de los contribuyentes.
Según reportó CNN con información de Associated Press (AP), la jueza federal Kathleen Williams ordenó detener las operaciones del centro y confirmó que debe permanecer cerrado indefinidamente por incumplimientos legales en materia ambiental. El costo inmediato de clausura ascendería a entre 15 y 20 millones de dólares, mientras que reabrirlo tendría un gasto similar.
Un análisis de la AP citado por Telemundo 51 reveló que el estado ya firmó contratos por 405 millones de dólares con empresas de construcción, seguridad y servicios. De ese monto, al menos 218 millones ya fueron invertidos y podrían perderse, pues la instalación se está vaciando rápidamente. El propio director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FEMA) reconoció que en cuestión de días podría quedar sin un solo detenido.
El medio estadounidense subrayó que gran parte del financiamiento provino de fondos de emergencia administrados por FEMA, recursos que suelen destinarse a huracanes y desastres naturales, pero que fueron desviados hacia el controvertido centro de detención.
El proyecto ha estado rodeado de polémicas desde su concepción. Hindustan Times detalló que grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee demandaron al estado y al gobierno federal por no realizar un estudio de impacto ambiental obligatorio antes de habilitar el centro en pleno ecosistema protegido.
Además, críticos han denunciado la falta de transparencia en la adjudicación de contratos, muchos firmados de manera acelerada y sin licitación competitiva, lo que alimenta sospechas de favoritismo y manejo de influencias, según reportó Telemundo 51.
Paralelamente, diversas organizaciones de derechos civiles han presentado demandas por las condiciones dentro del recinto, como son jaulas de malla metálica rodeando carpas con literas, baños portátiles en mal estado, pisos inundados con desechos y detenidos sin acceso regular a abogados.
Aunque el gobernador Ron DeSantis insiste en mantener operaciones y ya anunció la apertura de un segundo centro en el norte del estado, el llamado Alligator Alcatraz se ha convertido en símbolo de cuestionamientos. No solo por el posible desperdicio millonario que recaerá en los bolsillos de los contribuyentes, sino también por el impacto en miles de inmigrantes que pasaron por un espacio que defensores describen como “inhumano”.
Lo que nació como un proyecto para endurecer la política migratoria se enfrenta hoy a la paradoja de convertirse en un elefante blanco multimillonario, construido a toda prisa y con un futuro más incierto que nunca.
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