El centro de detención migratorio conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, ha comenzado su desalojo progresivo tras una orden judicial que marcó un punto de inflexión en el debate migratorio estadounidense.
El complejo ha sido objeto de múltiples críticas desde su creación, y su cierre forzado representa un triunfo judicial para activistas ambientales y familiares de detenidos, aunque no sin controversias.
Cumpliendo con el mandato judicial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los detenidos en “Alligator Alcatraz” están siendo reubicados en otros centros.
“El DHS está cumpliendo con esta orden y trasladando a los detenidos a otras instalaciones. Seguiremos luchando con uñas y dientes para expulsar a los peores de las calles estadounidenses”, remarcó el comunicado oficial.
En el documento también se acusa a la jueza de ignorar que “este terreno ya lleva una década siendo urbanizado”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó que muchos de los detenidos están siendo enviados al centro de detención Camp East Montana, en El Paso, Texas.
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Actualmente, dicho centro alberga a 1,173 personas, pero se prepara para ampliar su capacidad semanalmente con 250 camas nuevas, con miras a recibir hasta 5,000 detenidos si fuera necesario.
Según confirmó un funcionario del estado de Florida en comunicaciones con personal religioso relacionado con el centro, el complejo en los Everglades estaría vacío “en los próximos días”.
Una orden judicial con raíces ambientales
La jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre del centro basándose en los daños al ecosistema de los pantanos de Florida, no directamente en las condiciones de los migrantes.
La decisión surge tras una demanda que advertía sobre los efectos nocivos del centro en una zona protegida.
“La orden de esta juez activista es un nuevo intento de impedir que el presidente cumpla con el mandato del pueblo estadounidense”, expresó el DHS en un comunicado cargado de tono político.
A pesar de la apelación presentada por el estado de Florida y la administración del expresidente Donald Trump, la jueza se negó a suspender su fallo mientras se resuelve el proceso ante el onceno circuito.
“Hay otros lugares, otros centros de detención donde se puede llevar a cabo la política del presidente”, explicó el analista político Alex Penelas, subrayando que ni el estado ni el ejecutivo presentaron nuevas evidencias que justificaran una suspensión cautelar.
Reacciones divididas: entre la celebración y la condena
Las reacciones ante el desalojo de “Alligator Alcatraz” reflejan la profunda polarización sobre la política migratoria en EE.UU.
El autodenominado “zar de la frontera”, Tom Holman, calificó la clausura como un error y defendió las condiciones del centro: “Estaba limpio, bien mantenido y con buena comida, mejor que lo que tienen muchos ciudadanos estadounidenses”.
En contraste, para familias como la de Katia Rojas, exesposa de un migrante detenido, la decisión de la jueza fue una bocanada de alivio: “Ningún lugar es bueno en estos momentos, pero ese fue el peor”, afirmó.
Su expareja fue transferida a El Paso, donde continúa bajo orden de deportación. “Claro que fue una victoria, un logro a favor de todas estas familias que han estado desveladas y sufriendo. Hay que celebrar la verdad”, expresó Rojas.
El congresista Carlos Giménez también se pronunció sobre el cierre, sin apoyar explícitamente el fallo pero reconociendo la legitimidad del proceso judicial.
Una batalla aún en desarrollo
Pese al inicio del desalojo, la controversia dista mucho de haberse resuelto.
El gobierno ha interpuesto una apelación ante el onceno circuito, lo que podría modificar el curso del proceso si el fallo es revertido.
No obstante, mientras tanto, los traslados continúan y la infraestructura del centro en los pantanos de Florida parece estar destinada al abandono.
El caso de “Alligator Alcatraz” ilustra cómo los temas migratorios, judiciales y medioambientales se entrelazan en un escenario donde las decisiones no solo afectan políticas públicas, sino que tienen un impacto real sobre la vida de miles de personas.
El cierre forzado del centro marca un precedente y pone en cuestión no solo la legalidad del lugar, sino también la ética de su funcionamiento.
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