El periódico oficialista Granma aseguró este jueves que la protesta en Gibara, Holguín, fue resuelta gracias al “diálogo franco y duro” de los dirigentes con el pueblo y que “no hubo acontecimientos violentos” porque los manifestantes regresaron a sus casas tras escuchar a la primera secretaria del Partido Comunista en el municipio, Nayla Marieta Leyva Rodríguez.
Sin embargo, las pruebas y los testimonios recogidos en redes sociales y medios independientes contradicen de manera rotunda ese relato. Videos muestran patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria arrestando a manifestantes durante la madrugada, y familiares denunciaron que al menos siete personas permanecen detenidas, entre ellas Pedro José (“Porrón”), Raymundo Galbán (“El Chino”), Dairán Bermúdez (“Chelli”) y Suleidi Aballe.
La manipulación no se limitó a Granma. El programa televisivo de propaganda Con Filo repitió que en Gibara “no hubo represión” y que fue la “moral de los dirigentes” la que logró “aplacar” la protesta.
Voceros como Michel Torres Corona llegaron a preguntarse cómo pudo “resolverse” una manifestación de esa forma, ocultando que la verdadera respuesta del régimen fueron los arrestos y la intimidación policial.
El periodista cubano José Raúl Gallego denunció en redes sociales que Granma y su reportero Germán Veloz Placencia mienten al ocultar las detenciones y se convierten en cómplices activos de la represión.
“Esto no es periodismo, es propaganda. Es una muestra no solo de la falta de independencia de los medios en Cuba, sino de su uso como parte del esquema represivo contra el pueblo”, escribió en Facebook, recordando que la represión quedó documentada en videos y testimonios ciudadanos.
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Las denuncias ciudadanas y el papel de los informantes
Lejos de la versión edulcorada de la prensa oficial, vecinos denunciaron que la protesta se organizó tras más de 24 horas sin electricidad, lo que afectó también el acceso al agua. Salieron a las calles con cazuelas y gritos de “¡Queremos corriente y agua!”, hartos del abandono y la crisis.
El proyecto Represores Cubanos identificó además a dos informantes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), Wilder César Tejeda Ruiz y Adrián Pupo Cuesta (“El Mocho”), acusados de grabar a manifestantes y entregar las imágenes a la Seguridad del Estado, lo que habría facilitado la captura de al menos siete vecinos de Gibara.
La estrategia de manipulación y represión no es nueva. Un día antes de Granma publicar su versión sobre Gibara, el régimen inició un juicio contra 16 manifestantes de Bayamo por hechos ocurridos en marzo de 2024.
La Fiscalía los acusa de “desórdenes públicos, resistencia y desacato”, en un proceso que activistas califican de político y que busca intimidar a la población en medio de nuevos estallidos sociales.
“Niegan la represión en Gibara mientras encarcelan a sus vecinos y publican el inicio de un juicio contra manifestantes de Bayamo. Esa es la estrategia: negar con propaganda lo que en la práctica es represión”, denunció José Raúl Gallego.
Un pueblo que exige lo básico
Las protestas en Gibara son un reflejo del hartazgo acumulado en Cuba. Apagones interminables, escasez de alimentos, falta de medicinas y agua empujan a la gente a las calles, a pesar del riesgo de cárcel. Mientras el régimen insiste en que se trata de “diálogo” y “respeto”, la realidad es que quienes reclaman lo mínimo terminan tras las rejas.
“En el único país que detienen a alguien por manifestar que tiene hambre es en Cuba”, escribió un internauta en solidaridad con los gibareños. Otro resumió el sentir generalizado: “No son delincuentes, solo piden lo que necesitamos todos: luz, agua y comida”.
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