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El gobierno de Donald Trump presentó el viernes una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se le permita revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a más de 300 000 migrantes venezolanos.
La petición se produce luego de que un juez federal del Distrito Norte de California y una corte de apelaciones calificaran como “arbitraria y caprichosa” la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para retirar esta protección migratoria, informó el canal Telemundo.
Es la segunda vez en el año que la administración Trump recurre a esta vía para eliminar el TPS a migrantes venezolanos.
En mayo, el máximo tribunal autorizó provisionalmente la revocación de este estatus, aunque sin emitir fundamentos escritos para su decisión, lo cual es habitual en procedimientos de emergencia.
En septiembre, el juez Edward Chen volvió a fallar a favor de los migrantes, bloqueando nuevamente la cancelación del TPS.
Esta decisión fue ratificada poco después por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la administración de Trump ha impulsado medidas para cancelar protecciones migratorias otorgadas durante la presidencia de Joe Biden, incluyendo la eliminación del TPS para aproximadamente 600 000 venezolanos y 500 000 haitianos.
Este intento de revocación se suma a otras acciones recientes del Ejecutivo, como el fin del programa de parole humanitario (CHNV), que afectó a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El Tribunal Supremo permitió el pasado 12 de septiembre al gobierno retirar ese beneficio sin necesidad de evaluaciones individuales, abriendo la puerta a deportaciones masivas.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas decisiones, que podrían dejar a miles de personas en situación de vulnerabilidad y con riesgo de separación familiar.
Preguntas frecuentes sobre la solicitud de Trump para eliminar el TPS a venezolanos
¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS) y por qué es relevante para los venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un mecanismo legal que permite a ciudadanos de países en crisis permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. Para los venezolanos, es crucial ya que les ofrece protección contra la deportación debido a las condiciones políticas y humanitarias en Venezuela. Esta protección ha sido objeto de controversia bajo la administración de Trump, que busca revocarla, lo que podría afectar a más de 300,000 venezolanos en el país.
¿Por qué la administración de Trump quiere eliminar el TPS para venezolanos?
La administración de Trump argumenta que las condiciones en Venezuela han mejorado y que mantener el TPS socava sus esfuerzos para controlar la frontera. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y algunos jueces, quienes consideran que las condiciones en Venezuela aún son peligrosas y que la revocación del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales.
¿Qué ha decidido la Corte Suprema respecto al TPS para venezolanos?
La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido provisionalmente la revocación del TPS para venezolanos, pero la decisión ha sido bloqueada por cortes inferiores en múltiples ocasiones. El tribunal aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el asunto, lo que deja en incertidumbre la situación de miles de venezolanos en Estados Unidos.
¿Cómo afecta la cancelación del TPS a los migrantes venezolanos en Estados Unidos?
La cancelación del TPS dejaría a miles de venezolanos en riesgo de deportación y en una situación de vulnerabilidad legal y económica. Muchos de ellos han establecido sus vidas en Estados Unidos, con trabajos formales y familias, por lo que la revocación del TPS podría resultar en separaciones familiares y pérdida de empleos.
¿Qué otras medidas migratorias ha impulsado la administración Trump recientemente?
Además de intentar revocar el TPS, la administración Trump ha buscado eliminar el programa de parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas acciones son parte de un enfoque más estricto hacia la inmigración, que ha sido criticado por su impacto humanitario y las tensiones legales que ha generado.
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