Un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración de Donald Trump a avanzar con la revocación del estatus legal de más de medio millón de migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario (CHNV) implementado por el presidente Joe Biden.
La decisión, publicada este viernes, revoca la suspensión previa dictada por un juez federal de Boston, que había bloqueado temporalmente los intentos de deportación. Según la Suprema Corte de EE.UU, la ley exige un análisis caso por caso para otorgar el beneficio, pero no impone la misma limitación para su revocación.
Esto significa que el gobierno puede cancelar de manera colectiva los permisos concedidos bajo el esquema CHNV.
Los demandantes —un grupo de migrantes y organizaciones de apoyo— argumentaron que la medida era ilegal y que violaba el debido proceso al cancelar de forma masiva permisos previamente otorgados.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó la postura del gobierno de Trump, concluyendo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para poner fin al programa en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
En su dictamen, el tribunal señaló que los demandantes no demostraron de manera convincente que pudieran prevalecer en su alegato de que la decisión excedía la discrecionalidad del Departamento de Seguridad Nacional.
Los jueces sostuvieron que el Departamento de Seguridad Nacional ofreció explicaciones razonables, entre ellas que los programas no aportaban un beneficio público significativo, no reducían la migración irregular ni cumplían con sus objetivos de seguridad fronteriza.
Los jueces subrayaron que el parole siempre fue temporal, limitado a dos años y con advertencias explícitas de que podía ser revocado en cualquier momento. Por ello, calificaron de “no razonable” la expectativa de permanencia a largo plazo.
El programa CHNV, instaurado en 2023 bajo la administración Biden, permitía la entrada controlada y legal de migrantes de esos cuatro países con permisos de residencia temporal y autorización de trabajo.
Ahora, miles de beneficiarios enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal y quedar expuestos a procesos de expulsión.
La medida ha generado preocupación entre defensores de los inmigrantes, que advierten sobre el impacto devastador en familias ya asentadas en Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos y estados que intervinieron como “amici curiae” (amigos del tribunal) advirtieron sobre las graves consecuencias humanitarias de la medida, al dejar a miles de familias en situación de vulnerabilidad y al borde de la separación.
No obstante, la administración Trump celebró la decisión como una victoria en su agenda migratoria, asegurando que restablece el uso “estricto” y limitado del parole, solo aplicable caso por caso y por razones de beneficio público urgente.
El fallo podría sentar un precedente para eliminar otros programas de parole humanitario vigentes, afectando también a ciudadanos de Ucrania, Afganistán y países de Centroamérica.
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