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La Fiscalía cubana solicitó condenas de hasta nueve años de cárcel contra seis hombres acusados de participar en un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones en la localidad de Encrucijada, Villa Clara.
La información fue divulgada por la agencia EFE, que tuvo acceso al escrito de la Fiscalía, y subrayó que entre los procesados se encuentra el periodista independiente José Gabriel Barrenechea, imputado por “desórdenes públicos”.
Cinco de los acusados permanecen en prisión provisional desde los días posteriores a la protesta, ocurrida el 7 de noviembre de 2024.
Según la acusación, los hombres lideraron la manifestación con tres calderos “que no pudieron ser ocupados” y gritaron frases como “Pongan la corriente, queremos corriente”, lo que, a juicio de la Fiscalía, perturbó “la tranquilidad ciudadana” y obstaculizó el tránsito vehicular.
Sin embargo, este es otro caso de represión del régimen cubano contra la población civil cubana, hastiada de la crisis económica y los apagones.
El proceso comenzó este miércoles en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Durante la vista oral, activistas denunciaron la detención del opositor Guillermo “Coco” Fariñas cuando intentaba asistir al juicio.
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Las peticiones fiscales contemplan nueve años de prisión para dos de los encausados, seis para Barrenechea, cinco para otro y cuatro para uno más. Para el sexto, se solicita una sanción de cinco años de limitación de libertad. Ninguno de los acusados tenía antecedentes penales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en X la celebración del juicio y recordó que varios testigos confirmaron el carácter pacífico de la protesta.
“Exigimos justicia y libertad para todos los acusados y para los presos políticos en Cuba. Reiteramos que protestar pacíficamente no es un delito”, afirmó la organización.
Según la agencia EFE, la investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, también cuestionó el proceso: “La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos”.
Este juicio se suma a otros celebrados recientemente en la isla, como el de Bayamo en marzo de 2024, que concluyó con condenas de hasta nueve años de prisión para 15 manifestantes.
La crisis energética, marcada por apagones que en ocasiones superan las 20 horas diarias, ha intensificado el descontento social en Cuba, generando protestas en distintas localidades.
Preguntas frecuentes sobre los cacerolazos y la represión en Cuba
¿Por qué la Fiscalía cubana solicita penas de hasta nueve años de prisión por un cacerolazo?
La Fiscalía acusa a los manifestantes de "desórdenes públicos" por protestar pacíficamente contra los apagones en Encrucijada, Villa Clara. La manifestación incluyó gritos de consignas y el uso de calderos, lo que, según la Fiscalía, perturbó la tranquilidad ciudadana. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos critican que estas acusaciones son un intento de criminalizar el descontento social.
¿Quiénes son los acusados en el juicio por el cacerolazo en Encrucijada?
Entre los acusados se encuentra el periodista independiente José Gabriel Barrenechea y otros cinco hombres. Las penas solicitadas incluyen hasta nueve años de prisión para algunos acusados, sin que ninguno de ellos tenga antecedentes penales. La protesta fue pacífica y no se reportaron actos de violencia, según testigos y organizaciones de derechos humanos.
¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones de derechos humanos ante este juicio?
Diversas organizaciones han denunciado el juicio y exigido la liberación de los acusados. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han manifestado que protestar pacíficamente no es un delito y han criticado la falta de garantías procesales y la represión estatal contra la disidencia en Cuba.
¿Qué impacto ha tenido la represión en la familia de José Gabriel Barrenechea?
La detención de José Gabriel Barrenechea ha tenido un impacto devastador en su familia, especialmente en su madre, Zoila Esther Chávez, quien falleció sin poder despedirse de su hijo. A pesar de las solicitudes para que Barrenechea pudiera verla en sus últimos días, las autoridades no permitieron el encuentro, lo que ha sido considerado un acto de crueldad institucional.
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