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La activista cubana Ana Ibis Tristá Padilla, esposa del preso político Damián Hechavarría Labrada -encarcelado desde abril de 2021 por manifestarse contra el régimen en Las Tunas, meses antes del 11J-, fue condenada a 14 años de prisión.
La sanción fue dictada por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, y se ejecutó de forma inmediata: Ana Ibis fue detenida al momento de ser notificada y trasladada a prisión, bajo los cargos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.
El caso ha despertado una ola de indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores cubanos, no solo por la severidad de la sentencia, sino por la inexistencia de hechos consumados que la justifiquen: la protesta pacífica que supuestamente organizó en Las Tunas en 2023 nunca se llevó a cabo.
“Lo que está pasando con Ana Ibis no es justicia. Es represión pura, castigo ejemplarizante por pensar diferente y hablar en voz alta”, denunció desde el exilio un miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que tuvo acceso a la sentencia.
Una activista marcada por su firmeza
Ana Ibis, una mujer tunera de 34 años, no es una figura improvisada en el activismo político. Su historia está irremediablemente ligada a la de su esposo, Damián Hechavarría Labrada, quien cumple una condena de cinco años por protestar pacíficamente en abril de 2021 contra una multa de 5,000 CUP que le impusieron por vender plantas ornamentales para mantener a su madre enferma.
Aquel 21 de abril de 2021, en plena calle y a rostro descubierto, Damián rompió el comprobante de la multa y gritó: “¡Abajo la dictadura! ¡Patria y Vida!”, en lo que constituyó uno de los primeros, o el primer caso documentado de utilización del grito de “Patria y Vida” como reclamo de libertad.
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Las imágenes del acto, transmitidas en directo por el activista Adrián Góngora, circularon rápidamente por las redes sociales, anticipando el ambiente de descontento que desembocaría en las históricas protestas del 11J.
Junto a Damián estaban Taimir García Meriño y el propio Adrián, quienes también fueron encarcelados por participar en aquella protesta espontánea.
La escena fue luego amplificada por la televisión oficialista, donde el vocero del régimen, Humberto López, los tildó de “delincuentes con pésima conducta social”, en una pieza mediática orientada más a intimidar que a informar.
Una familia perseguida por la disidencia
Desde entonces, Ana Ibis se convirtió en una voz constante y desafiante en defensa de su esposo y de todos los presos políticos. Su presencia en redes sociales, sus declaraciones a medios independientes y su relación con otros activistas le costaron el blanco represivo del régimen.
En octubre de 2024, fue detenida y acusada de liderar una convocatoria a una marcha pacífica que supuestamente se organizaría en Las Tunas en mayo de 2023. Aunque el evento nunca se realizó, y no se presentó evidencia tangible de su organización, fue imputada junto a Jarol Varona Agüero, Félix Daniel Pérez Ruiz y Christian de Jesús Peña Aguilera.
La primera instancia del proceso terminó en enero de 2025 con una absolución por insuficiencia de pruebas, según reconoció el propio tribunal.
“Realmente, considero que es increíble. El fallo dice que tanto Jarol como yo somos absueltos por falta de pruebas. Ahora debo tener mucho cuidado porque, por cualquier cosa, ellos son capaces de volver a encarcelarme”, dijo entonces Ana Ibis, en declaraciones a Martí Noticias.
No se equivocaba.
Un nuevo juicio, sin nuevas pruebas
En el segundo juicio, celebrado en Santiago de Cuba —una de las dos provincias donde existen salas especializadas para casos de Seguridad del Estado—, la sentencia anterior fue revocada sin que aparecieran nuevas pruebas ni testigos independientes.
“Todo se basa en informes e interpretaciones del Ministerio del Interior y de la Contrainteligencia, instituciones directamente implicadas en la represión”, denunció el OCDH.
La organización recalcó que los conceptos usados, como “propaganda enemiga” o “relación con grupos contrarrevolucionarios”, carecen de definición legal precisa, lo que permite su uso arbitrario para criminalizar la disidencia.
El resultado:
- Ana Ibis Tristá Padilla: 14 años.
- Jarol Varona Agüero: 13 años.
- Félix Daniel Pérez Ruiz: 5 años.
- Christian de Jesús Peña Aguilera: 4 años.
- Castigo ejemplarizante y silencio judicial
Para el OCDH, lo que se ha consumado en Santiago de Cuba es “una operación política disfrazada de proceso judicial”. La severidad de las condenas refleja una intención clara de “sembrar el miedo y desincentivar cualquier intento de organización ciudadana”, incluso si es simbólico o nunca se concreta.
“El sistema judicial cubano ha vuelto a mostrar que no funciona como garante de derechos, sino como un brazo más de la Seguridad del Estado”, sentenció la ONG.
Un proceso revertido sin pruebas nuevas
Según la documentación judicial a la que tuvo acceso el OCDH, Ana Ibis y Jarol Varona ya habían sido absueltos por estos mismos hechos en una sentencia emitida el 24 de noviembre de 2024.
En aquel fallo, el tribunal reconocía que no existían pruebas materiales, como sustancias químicas, planos, ni mensajes comprometedores en las telecomunicaciones o cuentas bancarias de los acusados.
Sin embargo, tras un recurso interpuesto por la Fiscalía, representada por el fiscal Adán Vicente Santos Santos, y con el respaldo del Tribunal Supremo, aquella decisión fue anulada el 21 de mayo de 2025, lo que dio paso al segundo juicio. El nuevo proceso no aportó ninguna evidencia nueva, pero sí revocó la absolución y dictó condenas severas.
En la nueva versión oficial, el tribunal alegó que Ana Ibis había asesorado a otros activistas sobre cómo hacer crecer sus redes sociales para convocar a una marcha el 14 de mayo de 2023, en el parque Vicente García de Las Tunas.
Dicha marcha, convocada en Facebook por Félix Daniel Pérez Ruiz —quien fue condenado a cinco años por esa publicación—, nunca llegó a celebrarse, ya que fue abortada por la intervención de la policía.
Uno de los condenados, Cristhian de Jesús Peña Aguilera, recibió cuatro años de prisión simplemente por compartir la publicación original.
En cuanto a Jarol Varona, el tribunal afirma que fue vinculado por Ana Ibis a una organización opositora en el exterior llamada Autodefensa del Pueblo (ADP), la cual supuestamente le habría dado instrucciones para lanzar cócteles Molotov contra un edificio del MININT. A pesar de la gravedad de estas alegaciones, no se presentaron pruebas físicas ni testigos independientes.
“Mi alma es libre”: El legado de los Hechavarría-Tristá
En medio del dolor familiar y la nueva separación, Ana Ibis sigue siendo vista por muchos como una mujer que ha optado por el camino de la dignidad. En sus propias palabras: “Estoy orgullosa de mi esposo, igual que él de mí. No me van a callar”.
Su esposo, desde prisión, también ha dejado claro que su voluntad no ha sido quebrada. En 2022, en una llamada telefónica clandestina, dijo: “Ni preso me van a callar. Mi alma es libre. Yo soy un patriota”.
Ambos representan, para muchos cubanos, el rostro de una resistencia que no necesita armas ni pancartas de grandes dimensiones, sino convicción, valor y una cámara de celular encendida al momento justo.
Hoy, sin embargo, ella está tras las rejas y él también. Pero sus voces, amplificadas por quienes aún pueden hablar, siguen atravesando muros, censura y condenas.
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