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Alguaciles de Florida solicitaron 250 millones de dólares en fondos estatales para reforzar su participación en el control migratorio, en coordinación con el gobierno del presidente Donald Trump, mediante equipos tecnológicos, bonificaciones a oficiales y mejoras en la capacidad de detención temporal.
Las solicitudes, presentadas ante la Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria —compuesta por el gobernador Ron DeSantis, el fiscal general James Uthmeier, el comisionado de Agricultura Wilton Simpson y el director financiero Blaise Ingoglia—, fueron evaluadas este martes.
Se trata de la primera entrega de fondos asignados durante una sesión legislativa especial celebrada en febrero.
En total, 56 agencias de aplicación de la ley presentaron solicitudes que superan los 14 millones de dólares. Los montos van desde los 10,882 dólares pedidos por el condado de Gulf, hasta más de un millón por parte de la Oficina del Alguacil del condado de Seminole.
Entre los artículos solicitados figuran cámaras corporales con traducción asistida por inteligencia artificial, lectores de matrículas vehiculares, escáneres de huellas dactilares portátiles, grilletes, camas dobles para detenidos, colchones de seguridad, furgonetas de transporte y financiamiento para horas extras y bonificaciones.
El alguacil del condado de Flagler, Rick Staly, pidió más de 725,000 dólares, de los cuales 341,124 serían destinados a un software de traducción en tiempo real con capacidad para más de 50 idiomas. El objetivo, según su solicitud, es facilitar la comunicación en intervenciones con personas que no hablan inglés, lo que podría reducir malentendidos y mejorar la seguridad de los agentes, señala la solicitud.
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Varias agencias también solicitan fondos para lectores de matrículas (LPR), cuya información sería compartida con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este sistema permite rastrear ubicaciones de vehículos y elaborar patrones de movimiento para planificar acciones de detención.
Los fondos también incluyen bonificaciones de hasta 1,000 dólares para oficiales certificados como agentes migratorios que participen en operaciones conjuntas con ICE, así como incentivos para personal carcelario implicado en detenciones de inmigrantes.
Además, los alguaciles buscan cerca de 4.7 millones de dólares para aumentar la capacidad de camas en centros de detención temporal, y otros 2.7 millones para cubrir gastos de transporte de inmigrantes no autorizados.
Por ejemplo, el condado de Miami-Dade solicitó 946,000 dólares para el reembolso de camas de detención, mientras que Flagler pide más de 57,000 dólares para habilitar 34 camas dobles.
Estas acciones se dan en el marco del fortalecimiento de la colaboración entre autoridades estatales y federales para intensificar la aplicación de leyes migratorias.
El programa 287(g), que permite a agentes estatales y locales ejecutar tareas federales migratorias, ha crecido 577% en Florida desde enero de 2025, con más de 325 acuerdos vigentes.
El director adjunto de ICE, Madison D. Sheahan, elogió la colaboración con las agencias floridanas y agradeció al gobernador DeSantis, destacando la "labor crítica para proteger nuestras comunidades y garantizar la expulsión de individuos peligrosos".
Gracias al liderazgo de Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, las agencias locales reciben fondos por cada oficial entrenado, incluyendo reembolsos por salario, beneficios, horas extras, vehículos, celulares y otros equipos.
El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, ha sido clave en el desarrollo de un nuevo plan de coordinación estatal. La estrategia divide Florida en 18 regiones con alguaciles encargados del transporte de detenidos a centros federales, incluso en casos de arrestos por cargos exclusivamente civiles.
"Si vamos a hacer esto, necesitamos las herramientas para lograrlo", declaró Gualtieri. "Esto es una nueva normalidad y estará con nosotros por un buen tiempo", agregó, refiriéndose a la política antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
Preguntas frecuentes sobre el refuerzo del control migratorio en Florida
¿Por qué los alguaciles de Florida solicitan 250 millones de dólares para el control migratorio?
Los alguaciles buscan estos fondos para reforzar su participación en el control migratorio mediante la adquisición de equipos tecnológicos, bonificaciones a oficiales y mejoras en la capacidad de detención temporal. Esta solicitud forma parte de un esfuerzo coordinado con el gobierno estatal y federal para intensificar la aplicación de leyes migratorias en Florida.
¿Qué equipos y recursos se planea adquirir con los fondos solicitados?
Entre los artículos solicitados se incluyen cámaras corporales con traducción asistida por inteligencia artificial, lectores de matrículas vehiculares y escáneres de huellas dactilares portátiles. Además, se busca financiar horas extras y bonificaciones para oficiales certificados como agentes migratorios que trabajan en operaciones conjuntas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Cómo se coordina el control migratorio en Florida entre las agencias estatales y federales?
El control migratorio en Florida se coordina a través de acuerdos como el programa 287(g), que permite a agentes estatales y locales ejecutar tareas federales migratorias. Florida lidera en la cantidad de acuerdos 287(g), lo que permite una colaboración estrecha con ICE para realizar detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.
¿Qué impacto tiene el plan de control migratorio en las comunidades migrantes en Florida?
El plan de control migratorio en Florida ha generado temor y desconfianza en las comunidades migrantes, ya que intensifica las redadas y las deportaciones, a menudo en colaboración con ICE. Esto afecta a familias que han vivido por años en el estado, generando preocupación por la separación familiar y la pérdida de empleo debido a las políticas restrictivas.
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