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La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que escuchará el caso presentado por ExxonMobil contra entidades estatales cubanas para exigir compensación por la expropiación de sus activos petroleros y de gas en 1960, durante el inicio de la Revolución.
El proceso se apoya en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a empresas e individuos que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959, informó la agencia Reuters.
El tribunal aceptó la apelación de Exxon tras una decisión adversa en cortes inferiores, que había limitado sus intentos de recuperar una compensación valorada en más de 700 millones de dólares.
La petrolera sostiene que compañías estatales como Corporación Cimex S.A. y Unión Cuba-Petróleo (CUPET) continúan utilizando y beneficiándose de los bienes expropiados sin haber pagado indemnización alguna.
El caso de Exxon no es el único que analizará la Corte Suprema en su nuevo período de nueve meses, que comienza el lunes.
Los jueces también escucharán una disputa similar presentada por Havana Docks Corporation, que busca reactivar juicios millonarios contra Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises, acusadas de utilizar instalaciones portuarias en La Habana confiscadas en 1960.
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En primera instancia, un juez federal en Florida condenó a las compañías de cruceros a pagar más de 100 millones de dólares cada una, pero una corte de apelaciones desestimó esas sentencias al considerar que la concesión de Havana Docks había expirado en 2004, antes del uso de las instalaciones por los cruceros.
Durante décadas, tanto presidentes republicanos como demócratas suspendieron la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, evitando que las demandas privadas avanzaran.
Sin embargo, en 2019, el entonces presidente Donald Trump levantó esa suspensión, lo que desató una oleada de litigios en tribunales estadounidenses contra empresas cubanas y extranjeras acusadas de “traficar” con propiedades confiscadas.
En su primera acción contra la Ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos, ese mismo año el gobierno cubano solicitó a un juez federal desestimar la demanda presentada por la corporación petrolera contra las firmas estatales CIMEX y CUPET, argumentando carencia de jurisdicción en el caso.
La decisión final de la Corte Suprema será clave para determinar el alcance de las reclamaciones legales por expropiaciones en Cuba, y podría abrir la puerta a cientos de nuevas demandas de ciudadanos y compañías estadounidenses afectados por las confiscaciones de los años sesenta.
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