El régimen cubano ha quedado en evidencia tras admitir, a través de un comunicado de Tabacuba, que personas encarceladas en la Isla participan en la fabricación de los afamados puros habanos.
La declaración, emitida a raíz de un reporte de la ONG Prisoners Defenders y publicada por el medio especializado Halfwheel, confirma lo que durante años se ha denunciado: la explotación de presos como parte de la cadena productiva de una de las industrias más lucrativas de Cuba.
El informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, detallaba que en la prisión de Quivicán trabajan al menos 40 reclusos como torcedores, junto a dos civiles que actúan como instructores y administradores.
Según la ONG, los prisioneros cumplen jornadas de más de 14 horas diarias, seis días a la semana, a cambio de apenas 3,000 pesos al mes, en contraste con los civiles, que reciben 40,000 pesos por horarios regulares de ocho horas.
Cada reo debe liar entre 50 y 130 tabacos diarios, una producción que alimenta el mercado internacional.
El documento también identificaba a otras cárceles en Artemisa, Mayarí, Bayamo, La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, donde se repite el mismo patrón.
La ONG estima que entre 400 y 500 presos están directamente involucrados en la torcedura de tabacos, dentro de un sistema de explotación penitenciaria que alcanzaría a unas 60,000 personas en distintas industrias, desde el carbón de marabú hasta la agricultura.
La reacción de Halfwheel fue preguntar a Habanos S.A. -responsable de la comercialización de los puros- y a Tabacuba, empresa estatal encargada de la producción.
En su respuesta, Tabacuba alegó que el objetivo principal de este plan es dar capacitación profesional a los reos, de cara a una futura inserción laboral.
"La participación en este programa es voluntaria y los reclusos reciben incentivos y beneficios penitenciarios por su trabajo", dijo el comunicado oficial.
En cuanto a la producción, Tabacuba concluyó: "La producción en estos centros -que cuentan con los mismos recursos y estándares de calidad que las fábricas- es simbólica".
Aunque la organización responsable de la industria de torcedura de tabaco intentó presentar el programa como un proyecto de "formación", su propia declaración constituye una admisión de que los presos están efectivamente fabricando puros, desmontando la narrativa oficial de que se trata solo de entrenamiento.
Además, la afirmación de que la producción es "simbólica" contrasta con la magnitud de las cifras reveladas por la ONG, que estima que 11,6 millones de tabacos anuales podrían provenir de cárceles, es decir, un 7,5 % de la producción nacional.
El informe de Prisoners Defenders documenta además abusos físicos, amenazas y discriminación racial en el sistema penitenciario cubano.
Los presos afrodescendientes -que representan un 34 % de la población general pero un 58 % de los encarcelados- son enviados con mayor frecuencia a los trabajos más duros, mientras que los blancos suelen recibir labores menos exigentes.
Testimonios también apuntan a violencia sexual contra reclusas y a represalias contra quienes se niegan a trabajar, como la pérdida de visitas familiares o de beneficios de libertad.
La repercusión internacional no se hizo esperar. Canadá ha solicitado investigar las importaciones de tabaco cubano ante la sospecha de que estén contaminadas por trabajo forzado, en línea con su política contra la esclavitud moderna en cadenas de suministro.
En Europa, donde los habanos y el carbón de marabú tienen su mayor mercado, crecen las presiones para que se aclare el origen de estos productos.
El reconocimiento de Tabacuba no solo valida las denuncias de organismos internacionales, sino que expone la contradicción de un régimen que exhibe los habanos como símbolo de lujo y tradición mientras explota a miles de cubanos tras las rejas como mano de obra cautiva.
Lo que se vende en las estanterías de Europa y América como un producto premium lleva consigo, invisible, el sello del sufrimiento y la coerción en las cárceles de la Isla.
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