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La jueza federal cubanoamericana Barbara Lagoa decidió mantener abierta la polémica cárcel para inmigrantes “Alligator Alcatraz”, ubicada en el norte de Florida, pese a múltiples denuncias por abusos, hacinamiento y violaciones de derechos humanos.
El fallo, emitido el jueves, ha generado fuertes críticas y acusaciones de conflicto de interés por su cercanía al gobernador republicano Ron DeSantis, indicó Univisión.
El centro de detención, construido en terrenos de un antiguo aeropuerto rural, fue inaugurado en el verano de 2025 con fondos estatales y en coordinación con la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Desde su apertura, ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigrantes debido a sus condiciones extremas, falta de acceso a abogados y presuntos maltratos a los detenidos.
Lagoa, nombrada por el expresidente Donald Trump a la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito, rechazó la solicitud de cierre presentada por un grupo de defensores de inmigrantes, argumentando que “el Estado de Florida actúa dentro de sus competencias y no hay evidencia suficiente de una violación sistemática de derechos constitucionales”.
El fallo ha reavivado el debate en Florida por los lazos políticos y familiares de Lagoa con la administración estatal.
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La magistrada está casada con el abogado Paul Huck, socio fundador del bufete Lawson Huck Gonzalez, considerado uno de los despachos más cercanos al gobernador Ron DeSantis.
Desde su creación en 2023, la firma ha recibido más de 10 millones de dólares en contratos estatales.
El despacho ha representado al gobierno de DeSantis en casos de alto perfil, como la demanda contra la cadena Target por su campaña del Pride 2023 y el proceso de selección del nuevo rector de la Universidad de West Florida, en medio de la ofensiva conservadora del gobernador contra corporaciones y centros académicos acusados de “ideologización progresista”.
Aunque no se ha demostrado que Huck o su bufete tengan participación directa en el caso de Alligator Alcatraz, líderes demócratas y organizaciones proinmigrantes han denunciado la apariencia de parcialidad de la jueza.
“La jueza Barbara Lagoa está claramente conflictuada a través de su matrimonio con Paul Huck, y tiene un interés personal en que su despacho mantenga una relación favorable con el estado de Florida”, declaró a The Guardian Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition.
El centro de detención, situado en el condado de Liberty, ha sido objeto de varios informes que documentan temperaturas extremas, hacinamiento, carencia de atención médica adecuada y represalias contra los detenidos que protestan por las condiciones.
ICE ha negado las acusaciones y sostiene que el recinto “cumple con los estándares federales de detención”.
Sin embargo, grupos de derechos humanos señalan que los detenidos permanecen semanas o meses sin acceso a abogados, audiencias o comunicación con familiares, y denuncian un incremento de enfermedades respiratorias por las condiciones del encierro.
“Alligator Alcatraz es un infierno legalmente autorizado”, expresó el abogado de inmigración Juan Carlos Ruiz, del colectivo Faith in Action.
Hija de exiliados cubanos, Barbara Lagoa nació en Miami y ha construido una carrera judicial ligada al Partido Republicano y al poder político cubanoestadounidense del sur de Florida.
En 2020, su nombre fue considerado por Donald Trump como posible nominación a la Corte Suprema de Estados Unidos, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
Su trayectoria incluye una destacada participación en el caso del niño Elián González en el año 2000, que la posicionó como figura relevante en el ámbito jurídico y político del exilio cubano.
Desde entonces, ha mantenido una estrecha relación con el aparato conservador de Florida y con el propio DeSantis, quien la ha elogiado públicamente por su “compromiso con la ley y los valores tradicionales”.
El caso de Alligator Alcatraz ha vuelto a colocar a Lagoa en el centro de la polémica, en un contexto donde las políticas migratorias de Florida se han endurecido y las detenciones de indocumentados se han disparado.
Organizaciones civiles advierten que su decisión podría sentar un precedente peligroso sobre la expansión de centros de detención privados en el estado.
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